La denuncia fue hecha por uno de los propietarios del Edificio Dib, ubicado en la calle Madrid (calle 10), quien aseguró que los presos en la última protesta para exigir mejor alimentación se pasaron para su propiedad ubicada al lado del centro de reclusión, en donde además de destruir todo lo que encontraron a su paso y hurtarse elementos de valor, tuvieron retenida por más de tres horas a la única inquilina que tiene.
Hasta la sala de redacción de EL INFORMADOR, llegó una denuncia en la que uno de los propietarios del Edificio Dib, ubicado en la calle Madrid (calle 10), pleno Centro Histórico de Santa Marta, aseguró que su propiedad contigua a la edificación en donde funciona desde hace varios años el Centro Transitorio de Reclusión, fue objeto de robo, vandalaje y hasta de la retención de la única inquilina que tiene por más de tres horas.
En la queja, en la que le hace el llamado a las autoridades distritales y policiales, señala que, durante la tercera toma que hicieron al techo del centro reclusión el 30 de abril, un grupo de encapuchados de manera inexplicable se tomaron parte del edificio violentando rejas, candados y puertas utilizando cizallas, ingresaron a seis apartamentos en donde destruyeron las redes eléctricas, las baterías sanitarias y las ventanas de vidrios, entre otros.
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Señaló además en dicha denuncia que, “no contentos con eso, llegaron hasta el apartamento que quedaba habitado. Allí retuvieron a las dos ocupantes que había, a quienes luego de hurtarse elementos de valor, dinero, sillas, colchones, utensilios de cocina, fueron sometidas a amenazas”, dijo el denunciante en medio de la preocupación.
Señaló además que, “este parece ser un problema de no tener fin a corto plazo, debido a que en una reciente inspección por algunos funcionarios de la Procuraduría se confirmó que en el lugar que estaba adecuado para 100 internos se presentaba hacinamiento con una población carcelaria de 400, y a la conclusión a que se llegó es que se iba a acondicionar el lugar para mejorar la condición de los reclusos. En noviembre de 2024 se determinó a través de una tutela que estas personas debían ser trasladadas, pero hasta la presente no ha pasado nada”.
El afectado argumentó que pese a haber pasado un poco más de un mes no se han estimado los daños que son millonarios, por lo que espera poder prontamente instaurar las correspondientes acciones jurídicas que amerite el caso.
“Esta situación nos ha perjudicado económicamente enormemente puesto que de seis apartamentos, solo teníamos uno en arriendo, y fue el que asaltaron. Además en la parte de abajo del edificio solo tenemos arrendados dos locales y a punto de irse los arrendatarios, por terror a ser objeto de acciones ilegales que afecten sus negocios.”, manifestó el denunciante.
