El Ministerio Público anunció una intervención preventiva para vigilar que la empresa cumpla con el debido proceso y las garantÃas legales en actuaciones administrativas como facturación, suspensión del servicio y procesos sancionatorios.
Según explicó el Ministerio Público, la decisión busca verificar que las actuaciones de la empresa se desarrollen conforme a lo dispuesto en la Constitución y las normas que regulan los servicios públicos domiciliarios, especialmente en los casos relacionados con facturación, suspensión del servicio y procesos sancionatorios.
La entidad recordó que, cuando las empresas de servicios públicos realizan este tipo de actuaciones, ejercen funciones administrativas, lo que implica la obligación de respetar principios fundamentales como el debido proceso, el derecho de defensa y la posibilidad de controvertir las pruebas dentro de cada procedimiento.
En ese sentido, la PersonerÃa señaló que su actuación estará enfocada en vigilar que cada trámite administrativo adelantado por la compañÃa energética cumpla con los términos legales y garantice la transparencia en la toma de decisiones que puedan afectar a los usuarios.
Escenarios en los que se realizará la vigilancia
La intervención preventiva del Ministerio Público se concentrará principalmente en varios escenarios que suelen generar controversia entre los usuarios y la empresa prestadora del servicio.
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Entre estos se encuentran los procesos relacionados con energÃa recuperada, los casos de ruptura del principio de solidaridad, asà como las suspensiones o cortes del servicio de energÃa que se realicen en el distrito.
Asimismo, la PersonerÃa pondrá especial atención en los procesos que involucren sujetos de especial protección constitucional, con el fin de asegurar que sus derechos sean plenamente respetados durante las actuaciones administrativas.
La entidad explicó que, en los casos de energÃa recuperada o en aquellos donde se alegue ruptura del principio de solidaridad, la empresa debe garantizar que sus decisiones estén debidamente motivadas, permitir el ejercicio pleno del derecho de defensa y asegurar el acceso de los usuarios a las pruebas, asà como la posibilidad de controvertirlas.
GarantÃa del debido proceso
La PersonerÃa aclaró que su intervención no reemplaza las funciones de la empresa ni implica decisiones de fondo en los procesos administrativos. Su papel se limita a actuar como garante del cumplimiento del debido proceso y como defensora de los derechos de los usuarios del servicio público de energÃa.
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Con esta medida, el Ministerio Público reafirmó su compromiso con la vigilancia del correcto ejercicio de la función administrativa en la prestación de los servicios públicos domiciliarios y con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos en Santa Marta.