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JEP imputa a diez generales (r) por expansión de ‘falsos positivos’

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JEP imputa a diez generales (r) por expansión de ‘falsos positivos’

JEP imputa a diez generales (r) por expansión de ‘falsos positivos’
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Redacción Hoy Diario del Magdalena

La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) identificó a diez generales retirados
del Ejército como máximos responsables por su contribución a la expansión de
los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles que fueron presentados ilegítimamente
como bajas en combate entre 2005 y 2008.

Entre ellos están los generales (r) del Ejército Mario
Montoya Uribe y Óscar Enrique González Peña, así como el Mayor General (r) Luis
Roberto Pico Hernández., cuyos procesos fueron enviados a la Unidad de
Investigación y Acusación (UIA) para iniciar juicio adversarial, luego de que
manifestaran “de manera expresa y reiterada que no reconocerían responsabilidad
por los hechos y conductas que les fueron atribuidos por la JEP”.

Con esta decisión, la Sala de Reconocimiento de Verdad da
cierre a la investigación sobre la responsabilidad de los altos mandos
militares en el Caso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas
presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

De acuerdo
con la investigación, la JEP estableció que, entre enero de 2002 y diciembre de
2008, fueron asesinadas 2.702 personas en 1.625 hechos. Además, identificó a 44
sobrevivientes. De ese total, 2.077 víctimas mortales y 34 sobrevivientes
corresponden al periodo entre 2005 y 2008.

Una
política de resultados basada en bajas

La
investigación de la JEP concluyó que entre 2005 y 2008 distintas prácticas
criminales confluyeron en “un patrón de alcance nacional”, bajo el propósito de
presentar asesinatos de civiles como resultados legítimos de operaciones
militares.

La Sala
identificó tres factores que favorecieron dicha expansión criminal, a partir de
las presiones de los mandos para aumentar las bajas en combate, los incentivos
y reconocimientos asociados a esos resultados y las actuaciones institucionales
que permitieron ocultar los asesinatos y darles apariencia de legalidad.

En ese
contexto, la JEP encontró que las exigencias por resultados se transmitían
mediante reuniones de comandantes, programas radiales y mecanismos de
evaluación.

Quienes no
alcanzaban las metas “podían enfrentar cuestionamientos sobre su desempeño e
incluso eventuales relevos de mando”. En contraste, quienes reportaban las
bajas esperadas podían obtener felicitaciones, permisos y condecoraciones. El
auto señala que a las tropas se les pedían “litros de sangre”.

La Sala
también identificó como modalidades de ejecución el asesinato de personas
señaladas como integrantes o colaboradoras de grupos armados ilegales; la
captación de víctimas mediante engaños y falsas ofertas de trabajo; el
homicidio de personas heridas, rendidas o fuera de combate; y el
aprovechamiento del control territorial de las unidades militares para retener
y asesinar civiles.

Los siete
oficiales retirados llamados a reconocer responsabilidad por su contribución a
la expansión de estos crímenes desde sus distintos cargos de mando son el
general Luis Felipe Paredes Cadena; los mayores generales Carlos Orlando
Quiroga Ferreira, Justo Eliseo Peña Sánchez, Carlos Ovidio Saavedra Sáenz,
Hernando Pérez Molina y Guillermo Quiñónez Quiróz; y el brigadier general José
Joaquín Cortés Franco.

“La Sala
analizó el papel que habría desempeñado cada uno de los comparecientes en el
fenómeno criminal, teniendo en cuenta las funciones que ejercía, las
actuaciones que se le atribuyen y su relación con los hechos investigados. A
partir de este análisis, los llamó a reconocer responsabilidad como máximos
responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad por los asesinatos y las
desapariciones forzadas de personas presentadas ilegítimamente como bajas en
combate. La sala consideró que, desde sus respectivos cargos y mediante el uso
de sus funciones, habrían contribuido a que estas prácticas criminales se
extendieran y consolidaran en distintas regiones del país”, señaló textualmente
el fallo.

Mario
Montoya, Óscar González y Carlos Quiroga

En el caso
puntual del general retirado Mario Montoya, quien estuvo al frente de la
Primera División, el Comando Conjunto Caribe No. 1 y la Comandancia del
Ejército entre diciembre de 2003 y noviembre de 2008, la Sala encontró bases
suficientes para considerarlo máximo responsable por su contribución a la
consolidación de una “política de facto que privilegió el número de bajas en
combate como principal indicador de éxito operacional”.

Según la
investigación, Montoya “promovió mecanismos de presión, seguimiento y
competencia entre unidades, mediante programas radiales, metas cuantitativas,
clasificaciones o “rankings” y sistemas de incentivos que privilegiaban el
reporte de muertos en combate sobre otros resultados operacionales”.

La JEP
también estableció que habría conocido tempranamente denuncias sobre
ejecuciones extrajudiciales y que, pese a ello, mantuvo las presiones asociadas
al aumento de bajas. Además, examinó su contribución a mecanismos que habrían
permitido encubrir las irregularidades y “dar apariencia de legalidad” a los
crímenes.

Montoya
sostuvo ante la jurisdicción que nunca promovió conductas ilícitas, que fue
engañado por sus subordinados y que impartió directrices para proteger los
derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Sin
embargo, la Sala consideró que los elementos reunidos permiten atribuirle una
contribución a la expansión y el sostenimiento de estas prácticas en distintas
regiones del país.

La decisión
también señala al general retirado Óscar Enrique González Peña, quien comandó
el Comando Conjunto Caribe No. 1. La Sala encontró que habría presionado a las
unidades bajo su mando para incrementar el número de muertos reportados en
combate y promovido “incentivos efectivos” para cumplir esas exigencias.

Por su
parte, el mayor general retirado Carlos Orlando Quiroga Ferreira fue señalado
por su actuación como inspector general del Ejército. Según la Sala, conoció
irregularidades en procesos disciplinarios relacionados con denuncias de
ejecuciones extrajudiciales, pero no adoptó medidas correctivas suficientes
para impedir que continuaran.

La
investigación encontró que sus actuaciones se limitaron, en varios casos, a
trasladar las denuncias y solicitar información, sin hacer seguimiento efectivo
a las respuestas, “aun teniendo las facultades para ello”.

/colprensa

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