La
Operación Orión, las desapariciones forzadas en la Comuna 13 de Medellín y los
cuerpos que durante años han sido buscados en La Escombrera vuelven al centro
de la justicia transicional, ahora que la Jurisdicción Especial para la Paz,
JEP, imputó al general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército
y quien también estuvo al frente de la Cuarta Brigada, por su presunta
responsabilidad de mando y omisión frente a graves crímenes de guerra y de lesa
humanidad cometidos entre 2001 y 2004.

Una
decisión que representa un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los hechos
de violencia que marcaron a la Comuna 13 y que dejaron víctimas de homicidios,
desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos.

La
responsabilidad de mando de Mario Montoya

La
imputación de la JEP está relacionada con la responsabilidad que habría tenido
Montoya frente a los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública
bajo su mando.

De acuerdo
con la Sala de Reconocimiento de Verdad, se señalan posibles omisiones frente a
conductas como desapariciones forzadas y homicidios de personas protegidas por
el derecho internacional humanitario.

El punto
central es establecer qué sabía el entonces comandante, qué acciones tomó o
dejó de tomar frente a estos hechos y cuál fue su responsabilidad en las graves
violaciones que se investigan.

Esta
decisión también involucra a otros antiguos integrantes de la fuerza pública,
entre ellos el general retirado José Leonardo Gallego.

La JEP pide
investigar al exalcalde Luis Pérez

Pero la
decisión no se queda únicamente en los antiguos mandos militares. La
Jurisdicción también compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para
que investigue a otros actores y funcionarios de la época, entre ellos el
exalcalde de Medellín Luis Pérez Gutiérrez.

La
solicitud busca establecer si pudo existir algún tipo de responsabilidad por
presuntas omisiones frente a los hechos de violencia y por el manejo irregular
de cuerpos en el Cementerio Universal y en La Escombrera.

Aquí hay
una diferencia importante: Luis Pérez no está siendo imputado por esta decisión
de la JEP. Lo que hizo la jurisdicción fue trasladar la información a la
Fiscalía para que determine si hay méritos para abrir o avanzar en
investigaciones sobre su posible responsabilidad.

Este punto
vuelve a poner sobre la mesa las preguntas sobre el destino de las personas
desaparecidas en la Comuna 13 y las actuaciones institucionales que rodearon
estos hechos.

La
dimensión de los crímenes en la Comuna 13

Para entender
la dimensión de esta decisión hay que regresar a lo ocurrido entre 2001 y 2004.
La JEP reconstruyó 41 operaciones militares y policiales en la Comuna 13 y sus
alrededores. Entre ellas están Mariscal, Orión, Otoño, Contrafuego y Metro.

La
Operación Orión se desarrolló entre el 16 y el 23 de octubre de 2002 y se
convirtió en una de las mayores intervenciones militares y policiales
realizadas en un entorno urbano en Colombia.

Según la
reconstrucción de la JEP, durante estas operaciones hubo actuaciones conjuntas entre
integrantes de la fuerza pública y estructuras paramilitares, particularmente
del Bloque Cacique Nutibara, comandado por alias Don Berna.

En ese
sentido, la Sala identificó distintas modalidades de violencia: homicidios
cometidos directamente por miembros de la fuerza pública, asesinatos ejecutados
conjuntamente con paramilitares y crímenes perpetrados por estos últimos con
acuerdos previos para que agentes estatales no los persiguieran.

Las cifras
permiten dimensionar lo ocurrido: la JEP documentó 951 hechos victimizantes que
afectaron a 891 personas. Dentro de ese universo provisional aparecen 87
víctimas de desaparición forzada, 80 de homicidio, 289 de desplazamiento
forzado, 34 hechos de tortura y siete de violencia sexual, entre otras graves
violaciones.

La
Escombrera y la búsqueda de los desaparecidos

Para la
JEP, uno de los puntos más sensibles de esta investigación tiene que ver con La
Escombrera, donde durante años las madres de la Comuna 13 denunciaron que
podían estar enterrados los cuerpos de sus familiares desaparecidos.

Hay que
recordar que esa búsqueda permitió confirmar en diciembre de 2024 el hallazgo
de restos humanos en el lugar, una evidencia que respaldó las denuncias que las
familias habían sostenido durante décadas. Pero la investigación también puso
bajo la lupa otros lugares y procedimientos relacionados con el destino de los
cuerpos.

En
particular, la JEP cuestionó el manejo de restos humanos encontrados en fosas
comunes en el corregimiento de San Cristóbal y su posterior traslado al
Cementerio Universal de Medellín. Según la información conocida sobre la
decisión, cuatro cuerpos que habían sido inhumados allí no aparecen actualmente
y su desaparición sigue sin esclarecerse.

Este es uno
de los elementos que explica por qué la jurisdicción pidió investigar al
exalcalde Luis Pérez, además de las actuaciones y pronunciamientos de su
administración frente a las denuncias de violencia en la Comuna 13.

Sumado a
eso, la JEP también llamó la atención sobre el manejo de recursos destinados a
recompensas para informantes durante las operaciones de seguridad de esa época.
Entre los registros examinados aparece un pago de tres millones de pesos a un
hombre identificado como integrante activo del Bloque Cacique Nutibara.
Elementos que deberán ser examinados por las autoridades competentes dentro de
las investigaciones correspondientes.

¿Qué viene
ahora para los implicados?

Con esta
decisión, la JEP llama a los 12 antiguos integrantes de la fuerza pública
señalados en el caso a reconocer su responsabilidad por los crímenes
atribuidos.

El proceso
busca establecer la verdad sobre las operaciones militares, las alianzas con
estructuras paramilitares y las responsabilidades individuales dentro de la
cadena de mando.

En el caso
de Mario Montoya, esta imputación se suma a otro expediente que enfrenta ante
la JEP por los llamados falsos positivos en el oriente antioqueño,
correspondiente al Caso 03. Ese proceso fue remitido a la Unidad de
Investigación y Acusación de la jurisdicción para que avance por la vía de un
juicio adversarial, ante la falta de reconocimiento de responsabilidad del
general retirado.

Así, más de
dos décadas después de los hechos, la justicia transicional vuelve a poner bajo
examen a los altos mandos militares, pero también pide que se investigue el
papel de otros funcionarios y las posibles responsabilidades institucionales en
uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Medellín.

La pregunta
de fondo sigue siendo quiénes ordenaron, permitieron o dejaron de impedir los
crímenes, qué pasó con las personas desaparecidas y dónde están los cuerpos que
todavía no han podido ser recuperados.

Cuatro
preguntas con las claves de la noticia

¿Por qué la
JEP imputó al general retirado Mario Montoya?

Por su
presunta responsabilidad de mando y omisión frente a graves crímenes de guerra
y de lesa humanidad cometidos entre 2001 y 2004 en la Comuna 13 de Medellín. La
investigación busca establecer qué sabía, qué debía hacer como comandante y qué
dejó de hacer para impedir o detener esos crímenes.

¿Qué
encontró la JEP sobre las operaciones militares en la Comuna 13?

Documentó
951 hechos victimizantes contra 891 personas, entre ellos 87 desapariciones
forzadas y 80 homicidios. También encontró actuaciones de integrantes de la
fuerza pública en coordinación con estructuras paramilitares, particularmente
el Bloque Cacique Nutibara, durante operaciones como Mariscal y Orión.

¿Por qué se
pidió investigar al exalcalde Luis Pérez Gutiérrez?

Porque la
JEP encontró elementos que ameritan investigar sus actuaciones y posibles
omisiones frente a los crímenes denunciados en la Comuna 13, sus pronunciamientos
sobre las víctimas encontradas en fosas comunes y el manejo de recursos
destinados a recompensas. La jurisdicción compulsó copias a la Fiscalía y a la
Procuraduría. Esto no significa que haya sido imputado por estos hechos.

¿Qué
relación tiene esta decisión con La Escombrera y qué viene ahora?

La
investigación busca esclarecer las desapariciones y el destino de los cuerpos
de las víctimas. En diciembre de 2024 se confirmó el hallazgo de restos humanos
en La Escombrera. Ahora, la JEP busca que los 12 antiguos integrantes de la
fuerza pública imputados reconozcan su responsabilidad y respondan por los
crímenes atribuidos. En el caso de Montoya, también continúa el proceso por
falsos positivos en el oriente antioqueño, que fue remitido a juicio adversarial.

/la fm