La URT busca reparar integralmente a esta comunidad, asentada sobre un territorio ancestral de 6.148 hectáreas más 7.829 metros cuadrados.
La decisión del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, bajo Auto Interlocutorio No. 470013121002-2025-00042-00, constituye un hito para la reparación integral en Colombia, ya que se trata de la primera demanda de restablecimiento de derechos étnico-territoriales admitida en favor del pueblo indÃgena Kogui en el departamento de Magdalena.
La demanda fue radicada por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), a través de su Dirección de Asuntos Étnicos (DAE), para reparar a las familias que integran el Resguardo IndÃgena Kogui Malayo Arhuaco. La entidad busca asà proteger el territorio de cuatro comunidades asentadas en el municipio de Ciénaga: Nabgaxa, Setaminaka, Mamakuñdua y Mañkuaxa.
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MarÃa Fernanda González, coordinadora del equipo de la DAE en la URT Magdalena, señaló que este proceso es importante puesto que los Kogui han sido reconocidos por la Corte Constitucional —en el Auto 004 de 2009—, como un pueblo en riesgo de extinción fÃsica y cultural. “Teniendo en cuenta que han dado muestra de una disminución demográfica en el transcurrir de los últimos años, es importante que el Estado colombiano, como Estado Social de Derecho, pluriétnico y multicultural, brinde protección a este pueblo y su territorio, que también ha sido vÃctima de la violenciaâ€, argumentó.
Por su parte, uno de los lÃderes del Resguardo IndÃgena Kogui Malayo Arhuaco señaló que la acción judicial reconoce derechos vulnerados desde hace 500 años. “La admisión por parte del juez de la República garantiza la pervivencia de las comunidades que tienen asentamiento en Magdalenaâ€, agregó.
Pretensiones
A través de la demanda, presentada en 2025, se espera que el Juzgado Segundo ordene la restitución jurÃdica y material del territorio afectado. Asimismo, se buscan acciones de memoria histórica y no repetición, articuladas con órdenes que garanticen los derechos a la autonomÃa y gobierno propio; al uso y goce del territorio, asà como a la relación espiritual con el mismo.
Además, se busca que el Juzgado incluya órdenes a las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las VÃctimas (SNARIV), y que cada una aporte desde su misionalidad en la reparación del sujeto colectivo.