Explicaron los antecedentes de su proyecto turístico en Playa Blanca.

Ante los recientes acontecimientos y las informaciones difundidas, la Familia Ospina se pronunció ante la opinión pública para reiterar que ha sido víctima de amenazas y extorsiones, situación que aseguraron fue denunciada públicamente por Juan Carlos Ospina ante la Asamblea Departamental del Magdalena el pasado 29 de octubre de 2026 y puesta en conocimiento de las autoridades competentes. La aclaración la hicieron a través de un comunicado que señala lo siguiente:

“Durante décadas, la familia Ospina ha trabajado por el desarrollo turístico de Santa Marta, construyendo empresas que generan oportunidades de empleo y contribuyen al bienestar de centenares de familias. Detrás de este esfuerzo hay trabajadores, proveedores y miles de turistas que cada año disfrutan de las experiencias y servicios que ofrece en su ciudad.

La familia Ospina considera importante explicar cómo surgió su interés en contribuir al mejoramiento de las condiciones turísticas de Playa Blanca y cuáles han sido las actuaciones adelantadas durante este proceso.

Hace algunos años, propietarios pertenecientes a familias tradicionales de Santa Marta ofrecieron a Juan Carlos Ospina la posibilidad de adquirir predios privados en este sector. Estas adquisiciones se realizaron con el propósito de mejorar la infraestructura, organizar los servicios turísticos y contribuir a que Santa Marta contara con una oferta de mayor calidad para sus visitantes.

Es importante aclarar que en Playa Blanca existen aproximadamente 200 carpas destinadas a la actividad turística y ninguna de ellas es propiedad de ningún miembro de la Familia Ospina.

Desde hace cerca de dos años la familia Ospina ha adelantado gestiones ante las autoridades competentes para solicitar los permisos y autorizaciones correspondientes a un eventual proyecto turístico, dentro del marco legal establecido para el uso y aprovechamiento de las playas. La adquisición de predios privados no sustituye los trámites ni las decisiones que corresponden a las autoridades.

Como parte de este proceso, convocó a reuniones con los carperos y trabajadores tradicionales de Playa Blanca para socializar el alcance de la propuesta y buscar alternativas que permitieran mejorar la actividad turística sin desconocer su trayectoria ni sus fuentes de sustento.

En una de estas reuniones participaron más de 20 carperos, a quienes se les explicó que el propósito nunca ha sido expulsarlos de Playa Blanca, sino construir un modelo de organización que permitiera mejorar las condiciones del servicio, atraer visitantes y generar oportunidades para todos, con criterios de calidad y sostenibilidad ambiental.

Durante esos acercamientos se plantearon propuestas de compensación económica y vinculación laboral al proyecto a los diferentes trabajadores tradicionales del sector. Estas alternativas buscaban reconocer su trayectoria y facilitar una transición concertada hacia un modelo organizado de prestación de servicios turísticos.

Aunque los acercamientos no permitieron concretar acuerdos, el proceso siguió su curso a través de los canales institucionales y conforme al marco legal vigente.

La familia Ospina reiterar que en las reuniones realizadas se convocó a los carperos y se promovieron espacios de diálogo en los que también participaron representantes de las autoridades competentes. Cuenta con registros fotográficos y audiovisuales de estos encuentros, así como con documentación de las gestiones adelantadas. “No se busca desplazar a nadie. Su intención ha sido mejorar la actividad turística de Playa Blanca, respetando los derechos de quienes tradicionalmente han trabajado allí, el acceso público a la playa y el marco legal vigente”, anotaron.

La familia Ospina reiterar que en las reuniones realizadas se convocó a los carperos y se promovieron espacios de diálogo en los que también participaron representantes de las autoridades competentes. Cuenta con registros fotográficos y audiovisuales de estos encuentros, así como con documentación de las gestiones adelantadas. “No se busca desplazar a nadie. Su intención ha sido mejorar la actividad turística de Playa Blanca, respetando los derechos de quienes tradicionalmente han trabajado allí, el acceso público a la playa y el marco legal vigente”, señalaron. 

Las solicitudes relacionadas con el uso y aprovechamiento de la playa se han tramitado ante las autoridades correspondientes, entre ellas la Alcaldía de Santa Marta y la Dirección General Marítima (Dimar), con respeto por sus competencias y por las decisiones que legalmente les corresponde adoptar.

En el marco de estas gestiones, la familia Ospina también ha expresado su preocupación por las condiciones ambientales y el manejo de algunos espacios de Playa Blanca, al considerar que el mejoramiento de la actividad turística debe ir acompañado de la recuperación ambiental, el ordenamiento de los servicios y el cumplimiento de las normas aplicables.

En particular, ha señalado la permanencia prolongada de estructuras sobre la playa después de la pandemia y sus posibles efectos sobre la dinámica natural del entorno. Por ello, ha solicitado a las autoridades técnicas competentes que evalúen, mediante los estudios correspondientes, la existencia y el alcance de posibles afectaciones ambientales.

Con posterioridad a los diálogos sostenidos, la familia Ospina recibió mensajes intimidatorios que, según las denuncias presentadas, provenían de un grupo armado ilegal y le advertían que no debía intervenir en asuntos de Playa Blanca. Estos hechos también han sido puestos en conocimiento de las autoridades, a las que ha solicitado esclarecer lo ocurrido.

UNA EXPERIENCIA DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y CONSERVACIÓN 

El modelo que se ha propuesto para Playa Blanca tiene antecedentes en otras iniciativas que la familia Ospina ha impulsado en beneficio del turismo de Santa Marta.

En el sector de Playa Bonita, durante los años 2022 y 2023, se adelantaron procesos de adquisición de predios y de trabajo con comunidades de pescadores, a quienes se apoyó con embarcaciones, motores, redes de pesca, formación y nuevas oportunidades laborales.

Estas iniciativas contribuyeron a que antiguos pescadores pudieran vincularse a actividades de conservación marina, formarse y certificarse como jardineros de corales en el sector de Inca Inca. Actualmente participan en proyectos de restauración y protección de los ecosistemas marinos y cuentan, según la información de sus programas, con empleos formalizados y sus correspondientes prestaciones sociales.

De igual manera, una familia importante de la ciudad donó un espacio conocido como La Cueva para el desarrollo de actividades de investigación científica relacionadas con la reproducción y conservación de corales, en articulación con instituciones y autoridades ambientales.

Estas experiencias reflejan el propósito que ha orientado su trabajo: que el turismo, la conservación ambiental y las oportunidades laborales puedan avanzar de la mano, beneficiando a las comunidades y a Santa Marta.

LAS AMENAZAS Y LOS HECHOS RECIENTES

Durante los últimos cuatro años, la familia Ospina ha denunciado amenazas y extorsiones que han afectado su tranquilidad y generado preocupación por la seguridad e integridad de sus miembros.

Según lo manifestado por la familia Ospina, las presiones y exigencias económicas denunciadas han estado acompañadas de un profundo temor por la vida y la integridad de sus seres queridos y colaboradores. Corresponde a las autoridades investigar las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.

Ante la gravedad de esta situación, y pese a las recomendaciones de mantener reserva por razones de seguridad, la familia decidió acudir a las instituciones y hacer pública su denuncia para que la ciudadanía conozca lo que ha venido afrontando.Por lo anterior, rechaza categóricamente los señalamientos que pretenden vincularla con organizaciones armadas ilegales. Su decisión de denunciar responde a las amenazas y presiones de las que se considera víctima, y mantiene su confianza en que las autoridades esclarecerán lo sucedido.

A estas difícil situación se suma el incendio del catamarán Tayrona II, ocurrido el pasado 10 de noviembre en la Marina Internacional de Santa Marta. Aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, lo ocurrido representa un duro golpe para la familia y para quienes dependen de su actividad empresarial. Las causas del incendio continúan bajo investigación y será responsabilidad de las autoridades determinar lo sucedido.

La familia Ospina rechaza de manera contundente todos los actos de violencia, intimidación y extorsión, sin excepción. Creen en un país donde las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y las vías institucionales, y donde todas las familias puedan vivir con tranquilidad, libres de amenazas y del temor por la vida de sus seres queridos.

Asimismo, reconoce los esfuerzos del Gobierno nacional, encabezado por el Presidente Abelardo de la Espriella, para fortalecer la presencia institucional y recuperar las condiciones de seguridad en Santa Marta, sus playas y el departamento del Magdalena. Considera que avanzar en este propósito requiere el compromiso y la colaboración de toda la sociedad.

Expresa también su agradecimiento a la Policía Nacional, al GAULA, a la Armada de Colombia y a las demás instituciones de la Fuerza Pública por el acompañamiento brindado y por su labor en defensa de la seguridad de los colombianos.La familia es consciente de que otras familias también enfrentan amenazas y extorsiones, y de que el temor puede impedirles denunciar. Ninguna debería verse obligada a guardar silencio por miedo a poner en riesgo su vida o la de sus seres queridos.

Reitera que los hechos y señalamientos relacionados con esta situación están en manos de las autoridades competentes. Respeta su labor, confía en las investigaciones y mantiene plena disposición para colaborar y aportar la documentación y los elementos que se requieran para esclarecer la verdad y determinar las responsabilidades correspondientes.

La familia Ospina seguirá defendiendo su derecho a vivir con tranquilidad, trabajar y contribuir al desarrollo de Santa Marta. No quiere que la violencia determine el futuro de la ciudad ni que el miedo silencie a quienes buscan salir adelante.

Su compromiso con Santa Marta se expresa también en las iniciativas que ha impulsado a través de la Fundación CIM Caribe. Entre ellas se encuentran programas de educación ambiental que, según sus registros, han llegado a más de 50.000 niños; experiencias de delfinoterapia dirigidas a niños con necesidades especiales; apoyo a la investigación y reproducción de corales; y proyectos de mejoramiento de infraestructura, como el muelle del Rodadero Norte.

A lo largo de esta trayectoria, la familia ha trabajado junto al Estado colombiano, ministerios, gobernaciones, autoridades ambientales y organizaciones privadas para promover iniciativas turísticas, sociales y de conservación.

Hoy, su llamado a la unión, al respeto por las instituciones y a la defensa de la vida está acompañado de una petición: que las denuncias sean escuchadas y los señalamientos se examinen con pruebas, respeto al debido proceso y atención a todas las voces. Considera injusto que quienes denuncian amenazas terminen siendo presentados como responsables de ellas y pide que los comunicados atribuidos a grupos armados no se asuman como verdades sin verificación.

La familia Ospina confía en que, aun en medio de la adversidad, es posible fortalecer la legalidad, el trabajo digno y el turismo sostenible. Mantiene su propósito de contribuir al desarrollo de Santa Marta, con respeto por el carácter público de las playas, los derechos de las comunidades y las decisiones de las autoridades competentes”, concluyó el comunicado.