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Dido Polo Monterrosa

La Corte Constitucional retomó esta semana el análisis de la reforma pensional luego de recibir de la Cámara de Representantes las actas de la votación en la que se buscaba subsanar los vicios en su aprobación.

En los próximos días, el alto tribunal deberá definir si el nuevo modelo impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro entra en vigor o se hunde definitivamente en medio de un choque de poderes y una nueva composición en el alto tribunal que podría cambiar la balanza de sus decisiones.

UN LABERINTO JURÍDICO Y POLÍTICO

El camino de la reforma ha sido accidentado. El 17 de junio, la Corte encontró un vicio de procedimiento insubsanable: en la Cámara de Representantes se omitió el debate del articulado y se aprobó una proposición para acoger el texto que venía del Senado. El alto tribunal ordenó corregirlo.

Con el afán de que la ley entrara en vigencia el 1 de julio, el Gobierno convocó a sesiones extraordinarias el 27 y 28 de junio. Sin embargo, los congresistas actuaron con base en un comunicado de prensa de la Corte, sin conocer el fallo completo (Auto 841), que se publicó el 14 de agosto y exigía un debate real artículo por artículo. Esta actuación “a ciegas” sembró la duda sobre si el error fue corregido o si, por el contrario, se generó un nuevo vicio.

El magistrado ponente y presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, pidió en repetidas ocasiones las actas aprobadas de esas plenarias. La Cámara envió respuestas que el tribunal calificó de “parciales, incompletas o ambiguas”. En ese vaivén, Ibáñez fijó un plazo definitivo para el 19 de septiembre, advirtiendo que el incumplimiento podía acarrear sanciones disciplinarias.

Ese día, el presidente de la Cámara, Julián López, anunció la entrega de los documentos con tono de triunfo: “No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social”.

La oposición cuestionó la validez de la subsanación. El representante Juan Espinal (Centro Democrático) aseguró que “el 27 de junio nunca se configuró el quorum decisorio” y la representante Katherine Miranda (Alianza Verde) señaló que la votación se repitió cuatro veces con resultados idénticos, lo que “evidencia un claro vicio de procedimiento” y que el documento final “posiblemente constituye un delito en falsedad en documento público”.

En contraste, la Procuraduría General de la Nación defendió que las actas son apenas un medio de prueba y pidió acelerar el análisis. El jefe de Ministerio Público, Gregorio Eljach, sostuvo que la demora ha “impactado a millones de colombianos que enfrentan condiciones de precariedad laboral”.

LO QUE SE JUEGA EN LA CORTE

El control de constitucionalidad se centra en el procedimiento legislativo. La Corte deberá decidir si la subsanación fue válida y, con ello, si la ley entra en vigor o queda anulada.

Existen tres posibles escenarios: que la reforma sea declarada constitucional y entre plenamente en vigor; que sea anulada en su totalidad por un vicio insubsanable; o que la Corte opte por una decisión intermedia, declarando inexequibles algunos apartes o dando un plazo para que el Congreso corrija de nuevo.

Para Hernando Herrera Mercado, presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), este examen es crucial. “No es una discusión insustancial, es una discusión bien importante, porque es la Constitución la que dictamina unos parámetros que deben ser, en todo caso, seguidos por el Congreso, para no irrumpir contra el texto constitucional”, explicó a Colprensa.

Herrera advirtió que la función del alto tribunal debe ser rigurosa: “Si no se enmendó bien, pues eso tiene una consecuencia jurídica, que es la lógica. Y por el contrario, si se superó esas objeciones en lo formal, la Corte avalaría, sin que ello implique un aval en la sustancia o en el fondo, porque ese fallo vendrá después”.

NUEVO EQUILIBRIO EN EL ALTO TRIBUNAL

La discusión llega en un momento clave para la Corte. El 3 de septiembre, el Senado eligió como nuevo magistrado a Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo, en reemplazo de José Fernando Reyes. Su llegada reconfiguró el mapa de fuerzas y desató una tormenta política, pues el Gobierno había respaldado a la candidata María Patricia Balanta.

Con Camargo, el bloque crítico con el Ejecutivo se fortalece junto al presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, y la magistrada Paola Meneses. En la otra orilla se ubican Vladimir Fernández y Héctor Carvajal, cercanos al presidente Petro. Otros magistrados, como Natalia Ángel y Miguel Polo, han tenido decisiones mixtas.

El analista político Germán González señaló que este tipo de elecciones no son ajenas a los “pulsos políticos”, pero recordó que el diseño institucional impide la cooptación del tribunal por un solo gobierno: “La forma escalonada en que tanto el Presidente como las otras Cortes proponen las ternas garantiza de alguna manera que la Corte no sea cooptada por el Ejecutivo de turno”.

González recordó a esta agencia de noticias que el comportamiento del alto tribunal ha sido variado: “Las Cortes han tenido decisiones tanto favorables como desfavorables para los gobiernos de turno, y no solo en el caso de Petro, sino también en los de Uribe, Santos y Duque”.

Al mismo tiempo, advirtió que la elección de Camargo podría enfrentar demandas, como ocurrió con Alejandro Ordóñez: “Ya hay antecedentes de una llegada en condiciones similares como de clientelismo y terminaron revocando su elección. Seguramente la elección de Camargo va a recibir demandas”.

La narrativa pública lo ha presentado como un “voto clave”, pero para Herrera Mercado ese enfoque es equivocado: “Cargar todo el análisis en un magistrado o partir de la base de que es un voto clave, pues al final lo que hace un magistrado es inclinar la balanza hacia una determinada postura. La Corte es un organismo colegiado y en ese sentido está integrado por nueve personas. Cada uno de los votos es fundamental y es importante”.

LA BATALLA POLÍTICA EN TORNO A LA REFORMA

La confrontación no se limita a lo jurídico. El presidente, Gustavo Petro, calificó la demora como un “golpe de Estado” y el ministro del Interior, Armando Benedetti, acusó al magistrado Ibáñez de ejercer “acoso y hostigamiento contra el estado social de derecho”.

Para Herrera, este tipo de presiones confirma la necesidad de blindar la independencia del alto tribunal: “Siempre es un elemento fundamental proteger la independencia de la autonomía judicial. Es un presupuesto de la democracia y no puede ser afectada por nadie, mucho menos por otro poder público”.

González, por su parte, analizó los posibles efectos políticos de la decisión. Consideró que un fallo adverso sería usado por el Gobierno para confrontar a las instituciones: “El escenario probable es que el Gobierno comience a arremeter discursivamente contra estas instituciones, entregándoles la responsabilidad de que ciertas poblaciones no obtengan los beneficios”.

El analista destacó también el peso de la narrativa oficial: “El actor político que más está conectando con la emoción del votante es el Gobierno y el Pacto Histórico, porque están tratando de destacar la reforma pensional como una de sus principales banderas en términos de resultados”.

Finalmente, González planteó que el fallo también es una oportunidad para la Corte: “Puede quitar oxígeno al discurso polarizante que hay desde ambos extremos y mostrar que puede fallar en derecho y mantener esa tendencia de independencia que la ha caracterizado”.

En paralelo, el Ejecutivo activó un “Plan B”, con la entrega de un bono pensional a mayores de 75 años, y advirtió que, si la ley es anulada, exigirá a los fondos privados de pensiones repatriar los ahorros de los trabajadores invertidos en el exterior.

EL VEREDICTO ESPERADO

Con las actas finalmente en su poder, la Corte inició el estudio definitivo. El magistrado Ibáñez deberá elaborar una ponencia que será discutida y votada por los nueve integrantes de la Sala Plena.

Para Herrera Mercado, cualquiera que sea el desenlace, deberá interpretarse dentro de la misión del tribunal: “Si la Corte advierte un fallo declarando la inconstitucionalidad, pues simplemente habrá imperado su buena interpretación sobre el texto constitucional en este asunto”.

La decisión marcará no solo el futuro de la reforma pensional, sino también el pulso de poderes entre Ejecutivo y judicial en un contexto político crispado. El desenlace, en manos de la Corte, será uno de los momentos más trascendentales del Gobierno Petro en su recta final.

 

/Colprensa