El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, uno de los hombres de mayor confianza de Gustavo Petro y exgerente de su campaña presidencial en 2022, ha estado en el centro de la polémica desde el comienzo de esta administración por las constantes denuncias y escándalos que lo han rodeado.

Supuestas injerencias en otras compañías, supuesto favorecimiento a otras y la cuestionada adquisición de un apartamento, son solo algunas de las denuncias a las que ha tenido que hacerle frente y que han llevado a que se cuestione su continuidad en el cargo.

Sin embargo, lo que ha sido material de innumerables informes periodísticos, en los estrados judiciales no ha tenido mayores avances.

No había pasado mucho tiempo desde que el presidente Petro asumiera el cargo el 7 de agosto de 2022, cuando estalló el primer escándalo: presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial del hoy primer mandatario.

De acuerdo con las denuncias, en los reportes presentados se mostraron gastos por $28.384 millones en primera vuelta, cuando el tope era $28.536 millones. En segunda, fueron $13.169 millones, cuando el tope era $13.347 millones.

Dentro de ese dinero habría un aporte de $500 millones producto de una donación que Fecode, el sindicato de docentes, le hizo a Colombia Humana y que habría terminado en las cuentas de la campaña.

A esto se suman otros aportes de la Unión Sindical Obrera (USO), el sindicato de Ecopetrol.

Roa, como administrador de los recursos de campaña, debería haber conocido esos gastos y haberlos reportado, pero no fue así.

Por estos hechos, la Fiscalía adelanta una indagación en su contra que, según pudo constatar Colprensa, no muestra avances significativos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) también lleva una investigación desde el 8 de octubre de 2024, y a pesar de que es la que más ha avanzado, no se trata de un proceso penal sino administrativo.

Las sanciones previstas incluyen multas de hasta el 10 % del valor entregado por el Estado para la campaña y la devolución total o parcial de dichos recursos.

Lo último que se ha dicho dentro de ese proceso es un concepto enviado por la Procuraduría en el que pide sancionarlo porque considera que se vulneraron los límites de ingresos y gastos establecidos por la ley, omitiendo reportes por más de $5.355 millones y recibiendo financiación de fuentes prohibidas.

En el mismo, el Ministerio Público pidió sancionar a la tesorera de la campaña, Lucy Aydee Mogollón, y a los auditores, María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus.

*Urrá, Helicol, un lujoso apartamento…

Roa también es indagado en la Fiscalía, sin mayores avances, por una denuncia que el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó en su contra por injerencia en la Hidroeléctrica Urrá. Lo acusan de presionar a la Junta Directiva de la compañía para tomar el control y favorecer a aliados cercanos en la adjudicación de contratos, como el proyecto Parque Solar Urrá 19,9, ubicado en Tierralta, en el departamento de Córdoba.

Otra denuncia penal también lo involucra en el supuesto direccionamiento de contratos para favorecer a la empresa Helistar, que presta el transporte aéreo para la compañía.

Aunque el supuesto direccionamiento vendría dándose de hace 14 años, impidiendo la competencia con otras empresas que prestan el servicio, se habría mantenido durante la administración de Roa.

Otra denuncia periodística señaló a Roa de haber comprado un lujoso apartamento por un valor muchísimo menor del que tendría comercialmente y en la operación habría estado involucrado un empresario que tiene negocios con Ecopetrol.

Roa afirmó que la operación fue transparente y que el negocio lo hizo con el apoderado de una empresa, por lo cual nunca conoció a sus dueños. Nuevamente, en la justicia no hubo mayores avances de esta investigación.

El estallido de la crisis

La situación de Roa, a pesar de no avanzar en los estrados judiciales, hizo metástasis en las últimas horas, luego de conocerse el otrosí de un contrato por 5,8 millones de dólares con la agencia estadounidense Covington & Burling LLP, para analizar el impacto ante las autoridades de EE. UU. de los señalamientos en contra de Roa.

Un costo muy alto por mantener un presidente en líos en una compañía que cotiza en la bolsa de Estados Unidos.

Ante este nuevo escándalo, la Contraloría le pidió a Ecopetrol entregar todos los documentos relacionada con el contrato.

El ente de control quiere saber cuánto ha pagado, qué ha recibido a cambio y si el contrato sigue activo o ya terminó.

En concreto pide una copia del contrato, una lista de todos los pagos que se han hecho, las facturas con sus soportes, los documentos que ha entregado el contratista y una explicación sobre si el contrato sigue vigente, está en proceso o ya fue liquidado.

En ese sentido, la Procuraduría abrió una indagación preliminar, mientras que la Fiscalía no se ha pronunciado.

Ante la gravedad de los hechos es importante que la justicia avancé rápidamente y de esa manera evite que día a día se sigan presentando ese tipo de irregularidades.

Entre los nombres que se barajan como reemplazo de Roa figura Edwin Palma, actual ministro de Minas y Energía, lo que confirmaría la intención del gobierno de mantener el control directo sobre la empresa estatal.

 

/COLPRENSA