Escándalo en el país por el contrato firmado por la Casa de Nariño para que defienda a Petro, su mujer, su hijo Nicolás y a Benedetti.

Una nueva polémica sacude a la Casa de Nariño tras la denuncia pública hecha por el director de la Unidad Contra el Gasto Hormiga, Germán Ricaurte, quien cuestionó un contrato adjudicado por la Presidencia de la República para la prestación de servicios jurídicos especializados en materia de sanciones financieras internacionales, particularmente relacionadas con el régimen de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

De acuerdo con los documentos divulgados a través de redes sociales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República celebró un contrato por un valor de 10.000 millones de pesos, bajo la modalidad de contratación directa, con la firma Amadeus Legal and Financial Solutions, una empresa con domicilio en el Reino Unido y experiencia en litigios y asesorías en escenarios internacionales.

“Desde nuestra veeduría ciudadana de la Unidad contra el Gasto Hormiga nosotros encontramos que la Presidencia de la República firmó en las últimas horas un contrato por un valor de 10.000 millones de pesos. El contrato viene establecido en libras esterlinas por valor de 2 millones de libras esterlinas, con una firma de abogados internacional que se llama Amadeus Legal and Financial Solutions y es una firma a la que se le contrata para hacer la defensa internacional por sanciones financieras aplicadas por autoridades extranjeras, quiere decir que este es un contrato encaminado a la defensa por sanciones que han aplicado instituciones internacionales como lo es la lista OFAC o la lista Clinton como se le conoce popularmente”, indicó Ricaurte a la FM.

EL OBJETO DEL CONTRATO

Según la información contractual, el objeto del acuerdo consiste en prestar servicios profesionales de asesoría altamente especializada en defensa jurídica internacional, orientada al análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicadas por autoridades extranjeras, así como la elaboración de conceptos técnicos, análisis de riesgo institucional y recomendaciones jurídicas estratégicas.

«Revisando los documentos nos encontramos con que la experiencia que están argumentando para firmar este contrato es que esta es una firma que ha llevado varios casos de lista Clinton o de OFAC y revisando las redes sociales del señor Presidente de la República pues vemos que él ya había anunciado desde el mes de octubre que su abogado defensor, por este asunto de la lista Clinton, iba a ser el abogado Daniel Kovalik, que es un abogado de los Estados Unidos y pertenece a esta firma», detalló.

«Es decir, el presidente ya había anunciado quién iba a ser su abogado, lo que no nos había contado era que eso nos iba a costar 10.000 millones de nuestros impuestos y a mí me parece que esto es un abuso completo de los recursos públicos, que no son para las defensas de carácter personal porque al presidente lo incluyeron en ese listado, fue a él y al Armando Benedetti y a la señora Verónica Alcocer, esto no es una sanción al Gobierno o al Estado colombiano”, sostuvo.

Indicó que en los estudios previos se argumenta que la idoneidad de la firma no se fundamenta en títulos académicos individuales, sino en su trayectoria internacional demostrable, su experiencia ante tribunales extranjeros, organismos multilaterales y autoridades internacionales y en la conformación de un equipo multidisciplinario con expertos en derecho internacional público, sanciones financieras, cumplimiento normativo y gestión reputacional.

Los documentos resaltan que la firma contratada ha participado en procesos relacionados con:

Impugnaciones de acusaciones ante tribunales federales de Estados Unidos.

Casos vinculados a designaciones de la OFAC.

Litigios ante tribunales de la Unión Europea.

Actuaciones ante instancias del sistema de Naciones Unidas y tribunales regionales.

Incluso, se menciona como un valor diferencial su experiencia en la defensa de situaciones complejas en contextos de sanciones internacionales, un campo altamente especializado y con escasa oferta técnica en el ámbito nacional.

LA DENUNCIA Y LA POLÉMICA

Hasta el momento, desde la Presidencia no se ha emitido una respuesta oficial detallada frente a los señalamientos, ni se ha precisado públicamente si el contrato responde a una defensa institucional del Estado colombiano ante eventuales riesgos jurídicos internacionales o a situaciones de carácter individual.

El caso reabre el debate sobre los límites entre la defensa jurídica del Estado y la protección de intereses personales, así como sobre la transparencia en la contratación directa de asesorías altamente especializadas y de alto costo.

Mientras tanto, el contrato ya figura como adjudicado y celebrado y la controversia promete escalar en el escenario político y de control fiscal en las próximas horas.

DENUNCIAS ANTE PROCURADURÍA Y CONTRALORÍA

La representante a la Cámara Katherine Miranda elevó una solicitud formal a los órganos de control para que adelanten las indagaciones respectivas.

“Radicamos formalmente una solicitud ante la Contraloría y ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el contrato por 10.000 millones de pesos suscrito para la defensa del presidente Gustavo Petro frente a un proceso personal relacionado con la llamada lista Clinton”, indicó.

“Este servicio jurídico, que según el abogado Daniel Kovalik era gratuito, terminó convirtiéndose en un contrato multimillonario a su firma de abogados financiado con los impuestos de todos los colombianos, sin que exista hasta ahora una explicación clara sobre su necesidad, su cuantía ni el procedimiento de contratación”, afirmó.

La congresista advierte que los recursos públicos no se pueden utilizar para defender intereses personales del presidente de la República y “menos aún en procesos que no representan un interés general del Estado”.

“Por eso solicitamos que se investigue si aquí pudo haberse configurado un detrimento patrimonial, violación a los principios de la contratación pública y eventuales responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales como peculado o contratación irregular. Colombia merece transparencia”, aseguró.

La senadora María Fernanda Cabal también lanzó duros cuestionamientos a este contrato, cuando en principio se había dejado claro que la asesoría del abogado Daniel Kovalik sería gratuita. “¿Por qué decidieron hacer contrato con el abogado por 10.000 millones de pesos?”, se preguntó la legisladora.

“¿Desde cuándo los problemas personales y familiares del mandatario se pagan con nuestros impuestos? Esto es defensa estratégica y asesoría personal financiada con plata pública y merece control inmediato”, agregó.

A su turno, el profesor Martín Eduardo Botero, quien reside en Europa y es experto en derecho internacional, también reaccionó a esta denuncia haciendo varias preguntas.

“¿Con qué fundamento legal se comprometen 10.000 millones de pesos del erario para gestionar un asunto personal —su eventual situación ante OFAC— bajo la apariencia de ‘riesgo institucional’?”, dijo el académico.

El docente también precisó: “Porque aquí está el nudo del problema: si el riesgo es personal, el gasto es ilegal; si el riesgo es institucional, explíquelo con precisión jurídica y pruebas. No hay tercera vía”.

La polémica por este contrato queda abierta, a la espera de que desde el Gobierno se expliquen los detalles de esta contratación, que habría sido realizada con recursos públicos para beneficios personales, según las denuncias conocidas.