La entrega de estos documentos representa, para muchos de los beneficiarios, el fin de décadas de incertidumbre sobre la tenencia de sus hogares. Con el título en mano, las familias no solo obtienen seguridad jurídica, sino que también acceden a beneficios anteriormente restringidos, como la posibilidad de solicitar créditos bancarios, aplicar a subsidios de mejoramiento de vivienda y aumentar el valor comercial de sus inmuebles.

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Un esfuerzo interinstitucional

El proceso de formalización es el resultado de un trabajo técnico y jurídico coordinado entre entidades nacionales y locales. La iniciativa contó con el respaldo del Departamento Nacional de Planeación y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), encargados del impulso técnico y financiero; la Superintendencia de Notariado y Registro, garantizó la legalidad y el registro de los predios; y la administración municipal, responsable de la ejecución y el censo de las familias beneficiadas.

Impacto en el desarrollo local

Más allá del documento físico, la formalización predial se traduce en dignidad y desarrollo social. Al legalizar la propiedad del suelo, se facilita la inversión pública en infraestructura básica y servicios, consolidando barrios y corregimientos más organizados.

Con esta entrega, se completa una etapa clave de la estrategia que busca reducir el déficit de formalidad en la región, permitiendo que más hogares cataqueros transformen su patrimonio en una herramienta de progreso económico real.