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Medida de extinción de dominio a bienes de los presuntos implicados en el caso ‘Centros Poblados’

Las propiedades afectadas superan en valor los 65.900 millones de pesos y están ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.

La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 23 bienes que harían parte del patrimonio de algunos de los implicados en los hechos irregulares detectados en el contrato suscrito entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) y la Unión Temporal ‘Centros
Poblados’, para dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos del país.

Las propiedades afectadas, que superan en valor los 65.900 millones de pesos, están representadas en predios urbanos y rurales, parqueaderos, establecimientos de comercio y activos societarios que pertenecerían a Emilio José Tapia Aldana, Juan José Laverde Martínez, Ottomar Lascarro Torres, Luis Fernando Duque Torres y algunos de sus familiares.

Los elementos materiales probatorios indican que los bienes ubicados en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actuaciones ilícitas descubiertas en el proceso de contratación y del anticipo recibido de manera irregular por la Unión Temporal ‘Centros Poblados’.

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De otra parte, en atención a decisiones de responsabilidad fiscal emitidas por la Contraloría General de la República, también se aplicó medida cautelar a un inmueble de la exministra de las Tic, Karen Cecilia Abudinen Abuchaibe.

Las medidas impuestas por un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio son de carácter exclusivamente jurídico, buscan proteger y recuperar los dineros públicos comprometidos en la ejecución del proyecto, que tenía como objetivo instalar 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país. Se adoptaron con fundamento en las causales de equivalencia, mezcla y destinación, al establecerse la imposibilidad de ubicar la totalidad de los recursos desviados.

La investigación evidenció que fueron combinados bienes lícitos, así como el uso de las sociedades que integraron la Unión Temporal ‘Centros Poblados’ como instrumento para la comisión de las irregularidades.

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Las propiedades afectadas superan en valor los 65.900 millones de pesos y están ubicadas en Cundinamarca, Atlántico, Córdoba, Sucre, Risaralda y Nariño.


Autor: [email protected] (Karol Torres)

Fecha de Publicación: domingo, 21 de diciembre del 2025


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