El Consejo de Estado negó una acción de tutela que
cuestionaba la participación del presidente Abelardo De La Espriella en
diferentes actos religiosos, al considerar que sus actuaciones no vulneraron
los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de
conciencia, ni los principios de laicidad y neutralidad religiosa del Estado
colombiano.

La acción
fue presentada por Román Camilo Díaz Fernández contra la Presidencia de la
República y los ministerios del Interior y de las Culturas, las Artes y los
Saberes. El ciudadano cuestionó la coronación de la imagen de la Virgen de
Fátima durante la Gran Velatón por Colombia, realizada en homenaje a las
víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto. También cuestionó los recursos
destinados a la producción técnica y artística del evento, cuyo valor ascendió
a 326 millones 407 mil 833 pesos, mediante el Convenio de Asociación 0958 de
2026, suscrito entre el Ministerio de las Culturas y la Corporación de
Desarrollo Social Élite. Esta última contrató a la empresa 10 Audio S.A.S. para
ejecutar dichos servicios.

También
puso en consideración las visitas del mandatario a la Sinagoga Bet-El de
Barranquilla y al Centro Israelita de Bogotá, el uso de la kipá y las
expresiones de contenido religioso que ha utilizado en sus intervenciones
públicas, como “¡Viva Cristo Rey!”.

En su
decisión, la Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que las
manifestaciones religiosas del presidente están amparadas por sus derechos
individuales a la libertad de conciencia, de cultos y de expresión, siempre que
no se traduzcan en actuaciones institucionales orientadas a imponer o
privilegiar una creencia.

¿Qué
argumentó el Consejo de Estado?

Sobre la
Gran Velatón por Colombia, el tribunal tuvo en cuenta que la actividad tenía una
finalidad secular relacionada con la solidaridad y el acompañamiento a las
víctimas del terremoto. Además, concluyó que los recursos destinados a su
producción técnica y artística no estaban dirigidos a financiar un acto de
culto.

Frente a la
visita del mandatario a la comunidad judía, consideró que su presencia
respondía a un acompañamiento institucional y a una política de acercamiento
diplomático entre Colombia e Israel, sin que esto representara un
favorecimiento de esa confesión religiosa.

Mientras tanto,
sobre el uso de frases como “¡Viva Cristo Rey!”, el alto tribunal señaló que
pertenece al ámbito de la libertad individual de conciencia de los servidores
públicos como ciudadanos, siempre que no empleen el aparato coercitivo del
Estado para imponer creencias.

¿Qué
respondió el presidente?

Tras
conocerse la decisión, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a
través de su cuenta de X, donde aseguró que el Consejo de Estado estableció
que, en el ejercicio de su cargo, no vulneró los derechos fundamentales a la
igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios de laicidad
y neutralidad religiosa.

“Mi fe es
parte de mis convicciones personales y el respeto por las creencias de todos
los colombianos es un deber constitucional”, escribió el mandatario.

También
señaló que Colombia es un Estado laico en el que deben garantizarse la libertad
religiosa y la libertad de conciencia para todos los ciudadanos, sin
discriminación.

¿Cuál fue
la decisión frente a los ministerios de Cultura y del Interior?

En el caso
del Ministerio de las Culturas, Fernández había presentado un derecho de
petición el 14 de septiembre de 2026, en el que solicitó explicaciones sobre la
participación institucional en la Gran Velatón, la destinación de recursos públicos
para su organización y la compatibilidad de estas actuaciones con el principio
de laicidad del Estado. También pidió medidas correctivas, entre ellas, el
retiro de publicaciones oficiales relacionadas con la procesión religiosa.

El
Ministerio respondió mediante un oficio del 30 de septiembre de 2026. En ese
documento explicó que no existía una intención institucional de promover una
creencia religiosa y que su participación correspondía al acompañamiento y
registro informativo de una actividad pública. Además, entregó información
sobre los recursos destinados a la producción técnica y artística del evento.

No
obstante, el Consejo de Estado encontró que no existía constancia de que esa
respuesta hubiera sido notificada al correo electrónico suministrado por el
ciudadano. Por esta razón, amparó su derecho fundamental de petición y ordenó
al Ministerio enviarle el contenido del oficio en un plazo de 48 horas,
contadas a partir de la notificación del fallo.

Por otra
parte, frente al Ministerio del Interior, el accionante había presentado un
derecho de petición el 29 de agosto de 2026, con nueve preguntas relacionadas
con las garantías de igualdad entre las distintas confesiones religiosas y las
personas que no profesan ninguna creencia. Al considerar que no había recibido
respuesta, acudió a la tutela.

Sin
embargo, el Consejo de Estado encontró que el Ministerio había contestado la
solicitud el 13 de octubre y que el ciudadano ya había presentado otra acción
de tutela por los mismos hechos ante el Juzgado Treinta y Seis de Familia de
Bogotá. Por ello, mediante una decisión del 23 de octubre, se declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado, al comprobar que la entidad había
respondido y notificado la petición.

Por esta
razón, el alto tribunal consideró que el accionante intentó someter nuevamente
a estudio una controversia que ya había sido resuelta y declaró temeraria la
acción de tutela en lo relacionado con el Ministerio del Interior.

/blu radio