El ministro Mauricio Gómez Amín denunció
presuntas irregularidades en contratos firmados antes de la ley de garantías.

El ministro de Comercio, Industria y
Turismo, Mauricio Gómez Amín, denunció presuntas irregularidades en la
contratación del Fondo Nacional de Turismo (Fontur) durante los últimos días
del gobierno de Gustavo Petro, relacionadas con la firma de 148 contratos por
más de $125.000 millones en los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de
la ley de garantías.

Según el funcionario, en apenas dos días se
comprometieron recursos por más de $100.000 millones. El ministro aseguró que,
además del volumen de contratación, se identificaron posibles incumplimientos
de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas.

«En Fontur, durante los cuatro días
anteriores a la entrada en vigor de la ley de garantías, se firmaron 148
contratos por más de 125 mil millones de pesos», afirmó Gómez Amín.

El jefe de la cartera de Comercio señaló
que los hechos ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la
Nación y anunció que también serán trasladados a los organismos de control.

Más de $100.000 millones comprometidos en
dos días

Uno de los puntos señalados por el ministro
fue la concentración de contratos durante los días previos a la entrada en
vigor de las restricciones establecidas por la ley de garantías.

De acuerdo con su denuncia, Fontur
suscribió 148 contratos en cuatro días, por un valor superior a $125.000
millones. De ese monto, más de $100.000 millones habrían sido comprometidos en
un periodo de apenas dos días.

«Pero no se trata solamente de las
cifras. Hemos identificado presuntas irregularidades en la contratación,
incumplimiento de requisitos legales y posibles falsedades en documentos,
fechas y firmas», aseguró el ministro.

Gómez Amín cuestionó las circunstancias en
las que se realizaron estas contrataciones y pidió establecer el destino de los
recursos.

«¿Qué estaban tratando de hacer a
última hora con los recursos de todos los colombianos? ¿A dónde fue a parar
toda esa plata?», manifestó.

Las declaraciones del funcionario no
precisan cuáles fueron los contratos señalados, las entidades o empresas
contratistas, ni los proyectos turísticos a los que estaban destinados los
recursos.

Fiscalía recibió denuncia y Gobierno
acudirá a Contraloría y Procuraduría

El ministro confirmó que las presuntas
irregularidades ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación,
entidad encargada de determinar si existen conductas que puedan constituir
delitos.

Asimismo, anunció que el Ministerio de
Comercio remitirá la información a la Contraloría General de la República y a
la Procuraduría General de la Nación para que adelanten las actuaciones
correspondientes dentro de sus competencias.

«Estos hechos ya fueron denunciados
ante la Fiscalía General de la Nación. Pero también daremos traslado inmediato
a la Contraloría y a la Procuraduría General de la Nación para que adelanten
las investigaciones correspondientes», indicó.

La Contraloría podrá examinar posibles
afectaciones a los recursos públicos, mientras que la Procuraduría podrá
evaluar eventuales responsabilidades disciplinarias.

Por ahora, las afirmaciones corresponden a
una denuncia presentada por el ministro. No se ha informado sobre decisiones
judiciales, hallazgos fiscales definitivos o sanciones disciplinarias
relacionadas con los contratos mencionados.

Ministro de Comercio pide explicaciones al
gobierno de Gustavo Petro

Durante su pronunciamiento, Gómez Amín
responsabilizó políticamente a la administración anterior de responder por las
actuaciones contractuales que ahora son objeto de cuestionamientos.

«El gobierno anterior tiene que
responder por lo que ocurrió en Fontur», afirmó.

El ministro también aseguró que la
administración del presidente Abelardo de la Espriella mantendrá la revisión de
las actuaciones relacionadas con el manejo de los recursos públicos.

«En este gobierno, el gobierno del
presidente Abelardo de la Espriella, los recursos públicos se respetan, los
recursos públicos son sagrados. Y lo que encontremos lo vamos a denunciar sin
titubear un solo minuto», expresó.

El anuncio abre un proceso de revisión
sobre la contratación señalada por el Ministerio de Comercio. Las autoridades
competentes deberán establecer si los contratos cumplieron las disposiciones
legales, si existen inconsistencias documentales y si se configuraron
responsabilidades por parte de funcionarios o contratistas.

Hasta el momento, en las declaraciones
suministradas no se incluye una respuesta del gobierno anterior ni de los responsables
de Fontur durante el periodo cuestionado.

1. ¿Qué denunció MinComercio sobre los 148
contratos de Fontur?

MinComercio denunció presuntas
irregularidades en 148 contratos de Fontur por más de $125.000 millones,
firmados durante los cuatro días anteriores a la entrada en vigor de la ley de
garantías en el gobierno de Gustavo Petro. Según el ministro Mauricio Gómez
Amín, más de $100.000 millones fueron comprometidos en apenas dos días.

2. ¿Qué irregularidades encontró
MinComercio en la contratación de Fontur?

MinComercio señaló posibles incumplimientos
de requisitos legales y presuntas falsedades en documentos, fechas y firmas
relacionados con los contratos de Fontur. El ministro Mauricio Gómez Amín
cuestionó las condiciones en las que se comprometieron los recursos y solicitó
esclarecer su destino. Las irregularidades denunciadas deberán ser verificadas
por las autoridades competentes.

3. ¿Por qué MinComercio cuestiona los
contratos de Fontur antes de la ley de garantías?

MinComercio cuestiona la concentración de
148 contratos por más de $125.000 millones en los cuatro días anteriores a la
entrada en vigor de la ley de garantías. Esta normativa establece restricciones
a determinadas modalidades de contratación estatal durante los periodos
electorales. La firma de contratos antes de su vigencia no constituye, por sí
sola, una irregularidad.

4. ¿Qué entidades investigarán las
denuncias de MinComercio contra Fontur?

MinComercio informó que los hechos ya
fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación y anunció que remitirá
la información a la Contraloría y la Procuraduría. Estas entidades podrán
examinar posibles responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias
relacionadas con los 148 contratos cuestionados. Hasta el momento no se han
comunicado conclusiones definitivas sobre las presuntas irregularidades.