En medio de
un desencuentro con el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz
(JEP), Gustavo Salazar, por cuestionamientos a la legitimidad del tribunal, el
recién posesionado ministro del Interior, Alejandro Ordóñez aseguró que diez
años después de la firma, el Acuerdo de Paz ha sido “un acuerdo mal hecho, mal
diseñado que nos han llevado a nadar en coca y tener una grave amenaza
criminal”.

Durante la audiencia nacional de seguimiento a las medidas de protección
para los firmantes, Ordoñez aseguró que “el gran desafío que tiene la JEP tiene
que ver con su legitimidad”, y agregó que esta solo será posible en la medida
que el tribunal consiga “resultados y transparencia”.

“La jurisdicción especial para
la paz es legal, es constitucional, tampoco hay discusión. Pero después de 10
años de firmado el acuerdo y de haber prometido en su momento quienes lo
suscribieron que no habría impunidad, que no había repetición de la barbarie,
que habría por parte de los perpetradores reparación real a las víctimas,
además de verdad y desmantelamiento de los negocios ilícitos, el gran desafío
que tiene la JEP tiene que ver con su legitimidad. Y la legitimidad de la JEP,
señores magistrados, se consigue con resultados y transparencia”, afirmó Ordoñez.

Ante dichos cuestionamientos, el Magistrado Gustavo Salazar interrumpió la
intervención de Ordoñez para decirle que “No venimos a discutir la legitimidad
de la JEP. Entonces, le pido que se limite al tema de protección”, y señaló
como “de mala educación venir a poner en duda la legitimidad de la JEP”.

Como parte de sus reparos, Ordoñez señaló que la Jurisdicción es consciente de
la mora procesal que atraviesa, y “de la necesidad imperiosa de desatar los
cuellos de botella que han ralentizado definiciones de fondo”.

En ese sentido, señaló que “en el tiempo que le resta”, la Jurisdicción tiene
la “oportunidad cierta de demostrarle al país que es capaz de materializar la
justicia, de cerrar con rigor las los macrocasos pendientes y de consolidar la
resolución definitiva de conclusiones que otorguen certidumbre a los
comparecientes y reparación a las víctimas”.

Frente a las medidas de seguridad, Ordóñez aseguró que la protección de los
firmantes, sus familias, las víctimas y los testigos es una prioridad del
Gobierno Nacional, y aseguró que junto a la UNP se revisará la asignación de
los esquemas, de los vehículos blindados y los hombres de protección para
“quienes realmente lo requieran, no son a perpetuidad”.

“Magistrados, que el país pueda ver que las sanciones impuestas a quienes
cometieron actos de terrorismo o a los agentes del Estado que violaron los
derechos humanos, sean de verdad que en realidad exista un arrepentimiento,
reparación y respecto a la víctima. Para eso estamos listos”.

También aseguró que el Ministerio atenderá las alertas tempranas emitidas por
la Defensoría del Pueblo y las advertencias de otros organismos, y agregó que
el Gobierno está dispuesto a “coordinar los esfuerzos gubernamentales y
territoriales indispensables para que existan las condiciones de seguridad”,
para que los comparecientes puedan cumplir las sanciones propias impuestas por
la JEP.

“No discutiremos las sentencias. Las respetamos. Pero si el gobierno fue
elegido para levantar la voz y exigir justicia y reivindicar los derechos de
las víctimas, es nuestro compromiso”, concluyó.

/colprensa