Tras la decisión del Juzgado 5 Penal del Circuito Especializado de Bogotá de rechazar el preacuerdo entre la Fiscalía y Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su abogado, José Luis Moreno, advirtió que el fallo afecta gravemente la posibilidad de conocer toda la verdad sobre la red de corrupción que operó en la entidad.

“El mensaje que se manda es contradictorio con la lucha contra la corrupción. Negar este preacuerdo es limitar la verdad, es castigar la colaboración y premiar el silencio”, sostuvo el abogado en un comunicado.

Señaló que su defendido se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y que su aporte es esencial para esclarecer la participación de contratistas, congresistas y funcionarios públicos en los desvíos de recursos.

El juez consideró que la pena pactada —seis años y dos meses de prisión— era “irrisoria” frente a la magnitud del daño causado y la cantidad de recursos públicos comprometidos. Según expuso en la audiencia, López habría estado involucrado en tres hechos de corrupción que superan los $20.000 millones de pesos, mientras que el preacuerdo solo preveía la devolución de $724 millones.

La decisión contrasta con lo ocurrido en el caso de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, cuyo preacuerdo sí fue aprobado. Pinilla se comprometió a entregar detalles del entramado criminal y a devolver $618 millones de pesos.

La defensa de López anunció que presentó un recurso de apelación, respaldado por el Ministerio Público y por la misma Fiscalía General de la Nación, con el fin de que un tribunal superior revoque el fallo y valore el alcance de la colaboración ofrecida.

“El preacuerdo no es un premio, es una herramienta jurídica para avanzar en la identificación de todos los responsables. Al rechazarlo, se arriesga el acceso a información clave y se envía un mensaje equivocado a futuros colaboradores”, dijo Moreno.

La Fiscalía ha calificado este escándalo como uno de los más graves en materia de corrupción reciente, ya que involucra contratos direccionados durante emergencias, pagos de sobornos y participación de actores políticos. Las empresas señaladas como beneficiarias estarían ligadas a una red de más de 30 firmas, varias ya vinculadas formalmente a procesos penales.

López, quien asumió la dirección de la UNGRD en el gobierno de Gustavo Petro, ha manifestado su intención de colaborar con la justicia desde que fue citado, y su abogado advirtió que, de mantenerse el rechazo al preacuerdo, no solo se pone en riesgo su seguridad personal, sino también la posibilidad de obtener justicia completa.

“El país tiene derecho a saber todo lo que pasó. Y eso solo será posible si se garantiza el uso pleno de la justicia premial como herramienta para revelar la corrupción estructural”, concluyó el defensor.

(Colprensa).