El representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Scott Campbell, alertó que los cinco pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta enfrentan un “riesgo real de extinción física y cultural”. La declaración se dio tras su visita a la zona los días 13 y 14 de mayo, donde sostuvo encuentros con comunidades afectadas por la creciente violencia territorial.

“La tragedia que enfrentan hoy puede ser contenida. Podemos y debemos prevenirla”, afirmó Campbell, al tiempo que llamó a los gobiernos nacional, departamental y local a actuar de forma coordinada y urgente para proteger los derechos colectivos de los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco, Kankuamo y Ette Naka.

Según datos recopilados por la Oficina de la ONU desde 2022, se ha intensificado la disputa por el control territorial entre grupos armados no estatales, lo cual ha desencadenado múltiples afectaciones a los pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. Las consecuencias incluyen desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones, reclutamiento forzado y control social sobre las comunidades.

Entre los casos documentados este año, la ONU verificó el desplazamiento de al menos 600 indígenas Wiwa, el homicidio de los líderes sociales Wilfrido Segundo Izquierdo Torres y Manuel Moya, y la desaparición de Daniel Nolavita (indígena Kogui) y Diego Mendoza. Además, se han registrado tres masacres en Magdalena y otra en La Guajira.

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La Oficina expresó especial preocupación por la situación de las mujeres y niñas indígenas, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a la justicia, riesgos de violencia sexual y limitaciones geográficas, económicas y lingüísticas.

Durante su visita, Campbell también denunció prácticas de control social impuestas por los grupos armados ilegales como restricciones de movilidad, toques de queda, interrupciones a reuniones indígenas e imposiciones sobre formas de convivencia. A ello se suma la preocupación por el turismo no regulado, que amenaza el equilibrio territorial y cultural de estas comunidades.

El representante de la ONU destacó los esfuerzos realizados por la Fiscalía General de la Nación, que en 2024 implementó un plan de priorización de casos con enfoque étnico en Cesar, La Guajira y Magdalena, con participación de funcionarios indígenas. También reconoció el trabajo del Programa Futuro Colombia en atención a la violencia sexual y de género en la Sierra Nevada.

Pese a estos avances, la ONU reitera que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la crisis. “El Estado colombiano debe actuar con más eficacia para garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y prevenir una tragedia mayor”, concluyó Campbell.

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