En su informe más reciente, que abarca el periodo del 27 de marzo al 26 de junio de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia detalló tanto los avances logrados como los obstáculos persistentes en la implementación del Acuerdo Final de Paz. El Secretario General de la ONU, António Guterres, destacó que, a pesar de los progresos, la violencia sigue siendo un reto central para el proceso de paz, afectando principalmente a ex combatientes, líderes sociales y comunidades rurales.

El informe reveló que, durante el periodo reportado, se han adjudicado 40.000 hectáreas de tierras, alcanzando un total de 217.151 hectáreas de un objetivo de 3 millones fijado en el Acuerdo de Paz. Además, se formalizaron 86.000 hectáreas, lo que representa casi el 47% de la meta de 7 millones establecida en el Acuerdo. Sin embargo, Guterres advirtió que los retrasos administrativos, las restricciones financieras y la inseguridad continúan limitando la velocidad y el alcance de estas medidas, cruciales para lograr una paz estable y duradera.

En cuanto a la reincorporación de los ex combatientes, el informe destacó que un 95% de los 11.166 excombatientes activos completaron sus planes individuales de reincorporación, con especial énfasis en la formación política. Aproximadamente el 30% de los planes incluyen capacitación en reincorporación política, reflejando la importancia que los excombatientes dan a su participación en el proceso democrático. Además, el Sistema Nacional de Reincorporación, que coordina más de 30 entidades, fue formalmente instalado en junio, lo que representa un paso importante hacia la integración social y económica de los excombatientes.

A pesar de estos avances, el informe señala con preocupación la continua violencia en regiones clave del país. Durante el periodo, se reportaron 10 asesinatos de ex combatientes de las FARC, lo que eleva el total a 470 asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Este hecho resalta la persistente vulnerabilidad de los ex combatientes a ataques por parte de grupos armados ilegales. A estos se suman amenazas y desplazamientos forzados, como los registrados en el Catatumbo, donde 65.000 personas fueron desplazadas debido a los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados.

El informe también destacó que la violencia afecta de manera desproporcionada a las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como a los defensores de derechos humanos. Durante el período, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró 34 homicidios de defensores de derechos humanos, una ligera disminución con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la situación sigue siendo preocupante, especialmente en regiones como el Cauca, el Chocó, y Antioquia.

Guterres hizo un llamado a los grupos armados para cesar la violencia y las amenazas contra la población civil, subrayando la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto. El Secretario General también destacó la creación del Programa Integral de Protección para excombatientes, establecido por decreto por el gobierno colombiano, como un paso positivo, aunque enfatizó que la implementación sigue siendo insuficiente para garantizar la seguridad de los firmantes de paz.

Avances en el Capítulo Étnico y desafíos en el proceso dudicial

El informe también señaló avances en la implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, particularmente en la restitución de tierras a comunidades indígenas y afrocolombianas. Durante el periodo, los tribunales especializados en restitución de tierras dictaron tres nuevas sentencias a favor de las comunidades étnicas, lo que subraya el compromiso del Estado con la reparación de los daños causados por el conflicto armado. Sin embargo, Guterres advirtió que la implementación del capítulo étnico ha sido lenta, y las comunidades continúan enfrentando amenazas por parte de grupos armados ilegales que interfieren en sus estructuras de gobernanza y autoprotección.

En el ámbito judicial, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está a punto de emitir sus primeras sanciones propias, un mecanismo restaurativo clave para el proceso de justicia transicional. Guterres enfatizó que la pronta implementación de estas sanciones es crucial para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante el conflicto, y destacó la importancia de asegurar los recursos necesarios para su ejecución.

El informe también resalta el apoyo continuo de la comunidad internacional para el proceso de paz en Colombia. Guterres subrayó que, a pesar de los desafíos, el Acuerdo de Paz sigue siendo un marco fundamental para alcanzar la paz y la justicia en el país. Hizo un llamado a los actores colombianos para mantener su compromiso con la implementación del Acuerdo y a la comunidad internacional para seguir brindando apoyo.

El informe concluye con un llamado a la cooperación interinstitucional y la necesidad de fortalecer las medidas de seguridad y protección para garantizar que los avances logrados en el proceso de paz no se vean socavados por la violencia y la inseguridad. Guterres expresó su confianza en que, con el apoyo adecuado, Colombia puede superar los desafíos actuales y avanzar hacia una paz duradera.

El informe será presentado oficialmente en Nueva York el 18 de julio por el Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, Carlos Ruiz Massieu. La comunidad internacional sigue vigilando de cerca el progreso del Acuerdo de Paz, mientras que el gobierno colombiano enfrenta la tarea de consolidar los avances en un contexto de violencia persistente y desafíos económicos y políticos

 

Colprensa