La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos respaldó la reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de imputar crímenes de guerra y de lesa humanidad a 41 miembros de la IV Brigada del Ejército por su presunta responsabilidad en 442 casos de «falsos positivos» en Antioquia entre 2004 y 2007.

El organismo internacional señaló que la determinación de responsabilidades es un paso esencial para garantizar la no repetición de estos hechos y reafirmó su apoyo a los familiares de las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos que han trabajado en la búsqueda de justicia.

«El esclarecimientos de estos hechos y la determinación de las responsabilidades es un paso esencial para la no repetición de estos crímenes», señaló la ONU, que además reconoció el «rol fundamental de la JEP en la lucha contra la impunidad».

El Alto Comisionado destacó que las decisiones de la JEP contribuyen a la reivindicación de la dignidad de las víctimas y sus familias, además de permitir el esclarecimiento de la verdad sobre los hechos.

También subrayó que “estos crímenes tuvieron un impacto desproporcionado en mujeres, madres, esposas, hijas y abuelas, cuya lucha por justicia ha sido incansable”.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo también expresó su respaldo a la imputación realizada por la JEP y enfatizó en la importancia de que los responsables asuman su responsabilidad y contribuyan al esclarecimiento de la verdad.

Además, recordó que la justicia transicional debe garantizar la reparación integral de las víctimas y el reconocimiento de su memoria.

Entre los imputados por la JEP se encuentran los generales en retiro Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria, señalados de homicidio y desaparición forzada en el marco del conflicto armado.

También fueron vinculados 35 oficiales y suboficiales de seis batallones de la IV Brigada, quienes presuntamente participaron en la ejecución de civiles que luego fueron presentados como bajas en combate.

Según la investigación de la JEP, estos hechos obedecieron a presiones ejercidas por los altos mandos para mostrar resultados operacionales.

En audios obtenidos en la investigación, los generales instaban a sus tropas a priorizar la eliminación de presuntos combatientes. En una de esas grabaciones, fechada en 2004, un general afirmó que «lo único que cuentan son las bajas», mientras que otro oficial ordenó «completar 30 bajas» en un mes.

El organismo también determinó que estos crímenes de guerra fueron parte de una práctica sistemática con incentivos como ascensos, condecoraciones y beneficios para los militares que presentaran resultados en el número de muertes reportadas.

 

BOGOTÁ, (Colprensa).