El presidente, Gustavo Petro, reaccionó este lunes a un informe periodístico sobre las dificultades que enfrentan las organizaciones criminales para exportar cocaína por el Caribe y aseguró que la parálisis del negocio no se debe exclusivamente a una supuesta intervención militar de Estados Unidos sino a la efectividad de su política de interdicción que logró desplomar el valor comercial de la hoja de coca en los enclaves productivos.

El jefe de Estado calificó como «relativamente objetivo» un artículo publicado por la revista Semana, el cual detalla cómo las operaciones en alta mar han obligado a los narcotraficantes a represar la droga.

Sin embargo, Petro refutó la tesis de que este fenómeno responda al uso de misiles o acciones unilaterales de la potencia norteamericana y reivindicó los resultados operativos de la Armada bajo su mandato.

«El aumento de los cultivos en todo lo que lleva mi gobierno apenas es de un 6 %, mientras la incautación aumentó en 150 % respecto al anterior gobierno», explicó el mandatario a través de su cuenta en X, donde presentó un balance de 2.840 toneladas de cocaína confiscadas y la extradición de 700 capos, de los cuales 500 fueron enviados a Estados Unidos.

Para el Presidente, el bloqueo en los puertos y la cooperación «concertada» con la flota estadounidense en el Caribe generaron un efecto dominó en la economía ilegal. Según su análisis, al dificultar la salida del alcaloide, el mercado de la materia prima colapsó internamente, lo que facilitó la entrada de programas de sustitución en zonas históricamente cocaleras como el Catatumbo.

Petro compartió un mapa satelital de Tibú, en Norte de Santander, para ilustrar lo que definió como un éxito en el programa de sustitución de cultivos. Describió que las zonas verdes del mapa corresponden a cerca de 10.000 familias que erradicaron voluntariamente la hoja de coca en territorios donde operaba el Frente 33 de las disidencias, actualmente en proceso de paz.

Sin embargo, el mapa también reveló las dificultades en el terreno. El mandatario señaló las áreas marcadas en rojo y naranja, donde la sustitución se frenó por la violencia ejercida por el ELN o por la resistencia de la población. «El ELN mata campesinos que lo hagan», sentenció Petro al referirse a las zonas donde dicha guerrilla impide el cambio de economía ilícita a lícita.

El análisis presidencial confirmó que la presión en el norte del país provocó una mutación en la logística del narcotráfico. Petro reconoció que la actividad se desplazó hacia el sur, buscando salidas por Ecuador, Perú y el río Amazonas, una tendencia que, según él, requiere una «coordinación de inteligencias» con los países vecinos, iniciativa que ya lideran Brasil y Colombia.

En su mensaje, el mandatario lanzó una dura advertencia a los grupos armados que operan en el Putumayo y que participan en la «Paz Total». Al evaluar las cifras en esa región, cuestionó la voluntad real de paz de la estructura conocida como ‘Comandos de la Frontera’.

«El cambio en Putumayo, hoy no tiene sino 3.000 hectáreas sustituidas de 15.000 pactadas, nos lleva a evaluar la seriedad del proceso con alias ‘Araña’; si no se cumple lo acordado, el proceso no es cierto», advirtió el jefe de Estado, poniendo en duda la continuidad de los diálogos si no se evidencian resultados concretos en la erradicación.

Finalmente, el Presidente atribuyó el surgimiento de nuevos grupos armados y la expansión inicial de los cultivos a la gestión de su antecesor, Iván Duque, argumentando que durante ese periodo «se duplicaron las hectáreas sembradas», lo que detonó la actual dispersión del crimen organizado hacia las fronteras selváticas.

BOGOTÁ, (Colprensa).