Jennifer Del Toro Granados, alta consejera para la Paz y Posconflicto del Distrito, manifestó su preocupación por la falta de respuestas efectivas frente a la Alerta Temprana Estructural 020-25, presentada por la Defensoría del Pueblo durante una mesa de trabajo realizada en Valledupar.

Alerta Temprana no puede quedar sin respuesta

La funcionaria fue enfática en señalar que dicha alerta no puede convertirse en un documento sin efectos reales, especialmente ante la gravedad de los hechos que hoy afectan a los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.

“La Alerta Temprana 020, en la que participaron representantes de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, será letra muerta si en la construcción de su Plan de Acción no participan directamente ministros, entidades nacionales y la comunidad internacional. Urge el liderazgo directo del presidente Gustavo Petro en los procesos de paz para conjurar estas amenazas”, afirmó Del Toro Granados.

Según explicó, se requiere una articulación inmediata y de alto nivel que permita responder a la magnitud del riesgo, restablecer el orden público y garantizar la protección de las comunidades ancestrales.

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Asesinato de líder Wiwa enciende las alarmas

La Alta Consejera rechazó de manera categórica el asesinato del líder indígena José Miguel Mojica Conchangui, integrante del pueblo Wiwa, ocurrido en la vereda Múcura, zona rural de Riohacha, en hechos que calificó como dolorosos y repudiables.

“Este crimen, perpetrado frente a su familia durante una celebración navideña, constituye un síntoma del peligroso deterioro de las condiciones humanitarias en la Sierra Nevada de Santa Marta”, sostuvo la funcionaria, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad indígena afectada.

Disputa armada agrava el riesgo en la región

Del Toro Granados recordó que la propia Defensoría del Pueblo ha advertido que el escenario de riesgo se deriva de la intensa y creciente disputa territorial entre grupos armados ilegales como el Clan del Golfo (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), cuya confrontación ha incrementado la vulnerabilidad de la población civil.

Este contexto, señaló, ha derivado en hechos de extrema violencia que evidencian la pérdida de control institucional en algunas zonas del territorio.

Otros hechos que reflejan el deterioro humanitario

Como ejemplo del agravamiento de la situación, la Alta Consejera mencionó los recientes y graves hechos ocurridos en el corregimiento de Mingueo, donde se registró el feminicidio de una bebé de tres años, Shelsy Mishel Navarro Ojeda, cuyo cuerpo fue hallado con signos de violencia.

Posteriormente, se presentó la tortura, decapitación y asesinato de un adolescente de nacionalidad venezolana, señalado —sin pruebas confirmadas por las autoridades— como presunto responsable del crimen, en un caso que ha generado profunda consternación nacional.

Señalamientos sobre responsabilidad de grupos ilegales

Finalmente, Del Toro Granados indicó que, aunque en estos hechos se identifican elementos de justicia por mano propia, reportes periodísticos señalan que la orden de ejecución habría sido atribuida a Naín Andrés Pérez Toncel, alias ‘Naín’, presunto representante de las ACSN en los diálogos sociojurídicos de paz que adelanta el Gobierno Nacional.

Según la funcionaria, esta persona habría publicado mensajes alusivos a los hechos en redes sociales, lo que refuerza la necesidad de una acción inmediata y contundente por parte del Estado para frenar la violencia y proteger la vida en la Sierra Nevada de Santa Marta.