El Ministerio Púbico exige activar medidas de seguridad para restablecer el derecho a la educación de los educandos en ese municipio.
De acuerdo con información publicada en medios de comunicación regionales, las clases se encuentran suspendidas desde el pasado 6 de febrero, cuando los maestros comenzaron a ser víctimas de extorsión por parte de esta estructura criminal.
El Ministerio Público planteó, en comunicación firmada por la Procuradora Regional, la necesidad de impulsar de manera urgente planes de vigilancia, prevención y protección a los docentes agredidos y llevar a cabo labores de inteligencia y coordinación entre los miembros de la fuerza pública para combatir este delito en la zona rural del municipio.
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De este mismo modo, como la activación inmediata del comité de docentes amenazados.
Continúan activadas las alertas del pueblo por dicho riesgo por la presencia y accionar de actores armados ilegales al margen de la ley que ponen en peligro la vida de los niños y maestros del municipio ubicado en el departamento del Magdalena.