El documento, cuyo borrador conoció en su
integridad La FM, define en siete ejes la propuesta política, económica, social
e institucional.

El gobierno del presidente Abelardo de la
Espriella ya tiene lista la hoja de ruta que marca su Plan Nacional de
Desarrollo 2026-2030, con el que destapa las claves, estrategias y
megaproyectos para el próximo cuatrienio, entre las que incluye un PIB del 6%, metas
en seguridad nacional y planes para la reconstrucción de las zonas afectadas
por el terremoto del 10 de agosto de 2026.

El documento, cuyo borrador conoció en su
integridad La FM, define en siete ejes la propuesta política, económica, social
e institucional que orientará las decisiones públicas de la nación, que incluye
el Régimen RUGE, recuperar el control territorial, crear el Fondo Milagro, el regreso
del fracking, el incremento de producción petrolera y una reforma en educación.

Consulte aquí el borrador del Plan Nacional de Desarrollo de
Abelardo de la Espriella

El borrador de las Plan Nacional de
Desarrollo, titulado “Colombia, la patria milagro”, fue elaborado por el Departamento
Nacional de Planeación (DNP).

La iniciativa fundamenta su narrativa en la
transformación estructural del país, argumentando que “la Patria no es
solamente el territorio que aparece dibujado sobre un mapa”, sino una
construcción común de bienestar, seguridad y justicia.

El texto plantea la necesidad de un cambio
de trayectoria nacional. Según expone, “nuestro propósito puede expresarse de
una manera sencilla: Colombia tiene que cambiar de barrio. Tenemos que
abandonar definitivamente el barrio del atraso, la violencia, la informalidad,
la desigualdad, la corrupción, la baja productividad y la resignación, y entrar
al barrio de las mejores naciones del mundo”.

En ese sentido, la meta expresada en el
borrador fija como ambición situar a Colombia entre las 25 naciones más
prósperas, seguras y democráticas del planeta.

Para articular la ejecución de las
políticas públicas, el documento define pilares éticos y operativos. Destaca la
Extrema Coherencia, concebida como la regla moral de gobierno para reconciliar
principios con decisiones presupuestales y operativas, e introduce el concepto
de Movimiento Popular, entendido como el ejercicio de la ciudadanía activa y
organizada dentro del orden constitucional de 1991.

Asimismo, se erige el Patriotismo
Constitucional como el marco de respeto a la separación de poderes, las
libertades públicas y la institucionalidad democrática.

El documento del Plan Nacional de
Desarrollo organiza sus contenidos estratégicos y de inversión en siete ejes
estructurantes:

Eje 1: El Milagro de las Regiones.

Eje 2: Talento, Conocimiento e Innovación
para el Desarrollo (Educación).

Eje 3: Patriotismo Constitucional
(Seguridad, Defensa, Justicia y Democracia).

Eje 4: El Milagro Social.

Eje 5: Milagro Económico.

Eje 6: Transformación del Estado: un Estado
con propósito.

Eje 7: Reconstrucción, Transformación y
Resiliencia.

El Milagro de las Regiones: planificación
desde los territorios y megaproyectos de desarrollo

El primer eje del documento propone una
ruptura conceptual con la tradición centralista de la planeación estatal.

El texto señala expresamente que “no vamos
a construir un Plan Nacional de Desarrollo concebido desde el centro para
después distribuirlo entre las regiones. Vamos a construir un Plan Nacional de
Desarrollo desde las regiones, con las regiones y para las regiones”.

Esta visión territorializa la inversión a
partir de la identificación de ventajas productivas y necesidades específicas.

Para operativizar este enfoque, el PND
organiza el territorio en trece regiones estratégicas de planificación y
desarrollo:

Caribe: La Guajira, Magdalena, Atlántico,
Bolívar, Cesar, Sucre y Córdoba.

Santanderes: Santander y Norte de
Santander.

Antioquia: Departamento de Antioquia.

Eje Cafetero: Caldas, Risaralda y Quindío.

Chocó: Departamento del Chocó.

Valle del Cauca: Departamento del Valle del
Cauca.

Cauca y Nariño: Departamentos de Cauca y
Nariño.

Centro: Bogotá D.C. y Cundinamarca.

Boyacá: Departamento de Boyacá.

Centro Sur: Tolima, Huila, Caquetá y
Putumayo.

Orinoquía: Arauca, Casanare, Meta y
Vichada.

Amazonía: Guaviare, Guainía, Vaupés y
Amazonas.

Insular: San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

En el aspecto metodológico, el borrador
reemplaza la búsqueda inercial de condiciones habilitantes por la adopción de decisiones
habilitantes. Esto implica identificar primero las iniciativas de gran impacto
y posteriormente emitir las determinaciones normativas, administrativas y de
gestión pública necesarias para concretar su ejecución.

Los megaproyectos actuarán como motores de
transformación y estarán complementados por la Misión Crecer, coordinada desde
la Vicepresidencia de la República, y por el seguimiento a más de 2.000 obras
locales de impacto cotidiano coordinadas por la Consejería Presidencial para
las Regiones.

Entre las iniciativas productivas e
infraestructurales reseñadas en el texto base destacan:

Nueva Empresa Cívica del Capitalismo
Popular (NEC) en el norte del Cauca, para la transformación agroindustrial de
cosechas con participación de productores locales en la propiedad.

Nueva Empresa Cívica (NEC) en La Unión
(norte del Valle del Cauca), basada en la experiencia de conservación y empaque
de frutas.

Centro de datos del Parque Tecnológico La
Cascada en Tunja (Boyacá), desarrollo del aeropuerto Juan José Rondón en Paipa
y abastecimiento hídrico desde el embalse La Copa.

Parque tecnológico de Galapa (Atlántico),
enfocado en la industria de paneles fotovoltaicos.

Modernización de la refinería de Ecopetrol
y acueductos rurales en Barrancabermeja (Santander).

Proyecto agrícola Mato Grosso y distrito de
riego y drenaje en Casanare.

Educación como eje central del desarrollo:
enfoque LEA, principios y desideologización de las aulas

El borrador institucional separa la
educación del capítulo puramente social para erigirla como un eje independiente
y prioritario del progreso nacional. Apoyándose en referentes filosóficos y de
desarrollo humano, el documento postula que “la educación será un eje propio y
prioritario del desarrollo nacional. Dejará de ser concebida como un capítulo
dentro de lo social”.

Un objetivo fundamental expresado en el
texto es la articulación del archipiélago educativo en un sistema integral. La
estrategia busca tender puentes mediante el Marco Nacional de Cualificaciones y
esquemas de homologación por créditos entre la educación superior, la formación
profesional del SENA, la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH)
y el reconocimiento de aprendizajes previos.

La propuesta didáctica y pedagógica se
fundamenta en el Enfoque LEA, estructurado sobre tres dimensiones esenciales:

Leer: Comprender, interpretar y traducir
los signos de la realidad para el discernimiento reflexivo.

Escribir: Expresar la creación, la libertad
y el pensamiento como don y aporte a la sociedad.

Amar: Asumir el lenguaje de las acciones
humanas dirigidas a la búsqueda del bien común y el desarrollo integral.

El borrador defiende la centralidad de la
dignidad humana y los valores judeocristianos y occidentales en la formación.
Al mismo tiempo, promueve el florecimiento cívico a través de la estrategia SER
(Saber la verdad, Elegir en libertad, Realizar el bien común), complementada
por el programa HOGAR para fortalecer la vinculación de las familias con los
entornos educativos.

En cuanto a la gestión y seguridad de las
instituciones educativas, el documento decreta la desideologización de los
ambientes de aprendizaje. La política oficial establece textualmente que “la
fuerza pública y las instituciones de seguridad del Estado podrán ingresar a
ellos [los espacios universitarios] para proteger y garantizar esos derechos,
en cumplimiento de sus funciones y con respeto por la Constitución y la ley,
sin necesidad de autorización de las directivas universitarias”. Finalmente, el
documento busca posicionar a Colombia en el ámbito internacional bajo la
estrategia FARO (Florecimiento, Acoger, Respetar, Ordenar)y el compromiso de
extrema coherencia VERA (Verdad, Ética, Responsabilidad, Apertura).

Patriotismo Constitucional, Seguridad y
Justicia: modelo de autoridad y lucha contra la corrupción

El Eje 3 concibe el orden legal de la
Constitución de 1991 como la garantía política fundamental de la nación. En sus
apartados iniciales declara que “nuestra democracia no ha de definirse apenas
como un mecanismo electoral… la democracia colombiana ha de reconocerse como
Patriotismo Constitucional”.

En materia de Seguridad y Defensa, el Plan
impone una estrategia de recuperación del control territorial bajo la consigna “El
Estado llega para quedarse”. Las acciones prioritarias abarcan:

Despliegue de Fuerzas de Tarea Conjunta,
inteligencia civil y militar en los epicentros del crimen organizado.

Combate directo a las economías ilícitas: narcotráfico,
extracción ilegal de minerales, contrabando y lavado de activos.

Creación del Bloque de Búsqueda contra la
Extorsión, el fortalecimiento de los GAULA y la desarticulación de las redes de
crédito informal usurario conocidas como gota a gota.

Recuperación de entornos urbanos y
escolares frente al microtráfico y el reclutamiento de menores.

Protección de la infraestructura
estratégica nacional y del capital natural (agua, bosques y biodiversidad)
frente a la deforestación y el sabotaje.

Plan de bienestar, atención en salud,
vivienda y respaldo jurídico para el personal de la Fuerza Pública, veteranos y
sus familias.

Respecto a la Defensa de la Democracia, el
borrador prohíbe explícitamente la “combinación de todas las formas de lucha” y
combate la milicianización política.

Señala expresamente que se perseguirá el
denominado voto fusil o presión de actores armados sobre el electorado
—estimado en casi cuatro millones de votos comprometidos en comicios
anteriores— y se enfrentará la compra de votos, con especial énfasis en zonas
como la región Caribe.

Al evaluar los compromisos de paz, el
documento recuerda que este representa el tercer y último gobierno
constitucionalmente obligado a incluir un capítulo específico sobre el Acuerdo
Final de 2016.

En el sector Justicia, el Plan sostiene que
“la paz será fruto de la justicia”. Rechaza las negociaciones de carácter
ideológico con grupos alcohólicos o criminales desprovistos de estatus
político.

Para descongestionar los despachos
judiciales, implementará una plataforma nacional automatizada para tramitar
derechos de petición y evitar el uso masivo de tutelas por incumplimientos de
la administración.

Además, promoverá los mecanismos
alternativos de resolución de conflictos y establecerá la responsabilidad penal
de las personas jurídicas junto con programas obligatorios de cumplimiento
corporativo (compliance).

En la Lucha contra la Corrupción, el Plan
la clasifica como crimen organizado. Por ello crea el Bloque de Búsqueda contra
la Corrupción bajo la dirección directa del Presidente de la República. Las
medidas incluyen:

Eliminación de transacciones burocráticas
entre el Ejecutivo y el Legislativo, publicando la gestión de recursos de
congresistas en plataformas digitales de acceso libre.

Expedición de un nuevo Estatuto de
Contratación Pública que limite la contratación directa y fortalezca la
competencia.

Transformación del SECOP con herramientas
avanzadas de analítica de datos e inteligencia artificial para detectar
colusiones y sobrecostos.

Creación de la figura de Defensores de lo
Público, integrando la formación en ética pública y vigilancia estatal en el
servicio social estudiantil de la educación media.

En Relaciones Exteriores, el texto reafirma
el alineamiento con las democracias occidentales y la soberanía nacional. Prioriza
la cooperación internacional en seguridad, la modernización de los instrumentos
de extradición y la digitalización de trámites consulares mediante sistemas
biométricos y prerregistro migratorio.

El Milagro Social: Sistema General Social,
predistribución y Nuevas Empresas Cívicas

El cuarto eje conceptualiza la política
social desde la Doctrina Social de la Iglesia y los principios de dignidad
humana, bien común, solidaridad y subsidiariedad.

El texto afirma que “lo social no pertenece
a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a la responsabilidad que tenemos con
la dignidad humana y con el destino de Colombia”. El horizonte trazado por la
administración busca consolidar un capitalismo popular que garantice la
autonomía económica de las familias.

Para superar la dispersión institucional,
se crea el Sistema General Social. Esta estructura integra la información y las
prestaciones de salud, pensiones, educación, vivienda, nutrición, deporte y
servicios públicos. De este modo, la administración migra de un modelo asistencialista
a un Estado Estratégico capaz de prever riesgos y acompañar las trayectorias de
las personas hacia la formalidad.

El marco conceptual introduce la predistribución
como estrategia complementaria a la redistribución de impuestos. Consiste en
permitir que los sectores vulnerables y las comunidades participen directamente
en la creación de riqueza y en la propiedad de activos estratégicos desde el
inicio del proceso productivo.

En este marco nacen las Nuevas Empresas
Cívicas (NEC). Definidas como el brazo empresarial del Movimiento Popular, las
NEC integran el esfuerzo de pequeños productores y comunidades con la gestión
privada y el acceso a tecnologías de gran escala.

Otras medidas de impacto directo
consignadas en el borrador social son:

Protección integral a la familia y adultos
mayores: Fortalecimiento del rol de las Cajas de Compensación Familiar como
articuladoras de la inclusión laboral y los sistemas de cuidado para niños,
ancianos y personas con discapacidad.

Formalización laboral: Creación de rutas
ágiles para que trabajadores independientes y microempresarios accedan a la
seguridad social y al crédito bancario.

Investigación científica en salud:
Promoción de la industria farmacéutica nacional dedicada al desarrollo de
tratamientos basados en sustancias naturales y biodiversidad local.

Soluciones integrales de agua potable:
Autorización para que el 1% de la inversión obligatoria de proyectos con licencia
ambiental que captan agua pueda destinarse directamente a la construcción de
infraestructura de agua potable en municipios con desabastecimiento crítico.

Ampliación de gas social: Extensión de la
contribución de fomento al Gas Licuado del Petróleo (GLP) para nutrir el Fondo
Especial Cuota de Fomento de Gas Natural sin elevar las tarifas del usuario
residencial.

Milagro Económico: meta de crecimiento del
6%, Régimen RUGE y estrategia de conectividad nacional

El borrador del Plan Nacional de Desarrollo
fija una meta macroeconómica de alto rendimiento: situar el crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) en tasas sostenidas superiores al 6% anual, proyectando
eventualmente episodios de expansión de dos dígitos.

En sus consideraciones económicas, el texto
señala: “Colombia no es un país pobre. Es un país empobrecido. Empobrecido por
la corrupción, la violencia, el desgobierno, el centralismo y una dirigencia
que prefirió administrar carencias antes que liberar las fuerzas creadoras de
la Patria”.

La política Macroeconómica ratifica el
respeto a la independencia del Banco de la República, el cumplimiento estricto
de la Regla Fiscal y la simplificación tributaria con la modernización de la
DIAN.

Para dinamizar la inversión masiva de
capital, el Plan crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial
(RUGE). Este instrumento otorga a los proyectos de inversión elegibles una
estabilidad jurídica y tributaria de 16 años sobre el impuesto de renta y el
impuesto al patrimonio. El incentivo aplicará a sectores estratégicos como
infraestructura, energía, minería, agroindustria, tecnología y turismo.

En el ámbito productivo y de formalización,
la hoja de ruta dispone:

Consolidación del Capitalismo Popular:
Participación del ciudadano y de los trabajadores como accionistas reales en
las Nuevas Empresas Cívicas (NEC).

Lucha contra la usura: Sustitución del
crédito informal por inclusión financiera bancaria y condonación parcial de
capital en el Fondo Nacional de Garantías para deudores en dificultades que se
reincorporen al sistema formal.

Ruta Milagro: Acompañamiento integral de
las Cámaras de Comercio para la formalización empresarial y eliminación de
trámites innecesarios.

Desarrollo Agrario Integrado: Formalización
de predios, expansión de 1,5 millones de nuevas hectáreas de la frontera
agrícola y reforma al crédito agropecuario a través del Ministerio de
Agricultura y la Agencia Nacional de Tierras.

Potencia en Bioeconomía: Creación del sistema
nacional de bonos de carbono, agilización del licenciamiento ambiental con la
ANLA mediante la Ventanilla Única Ambiental y el programa Bosques por Colombia.

Revolución Industrial de Materiales: Puesta
en marcha del Plan Estratégico de Abastecimiento de Materiales de Construcción
(PEAMC) con compras públicas preferentes a la industria nacional.

En materia de Infraestructura de Transporte
y Conectividad, el borrador articula una red multimodal:

Corredores Viales: Estrategia Vías de la
Patria Milagro concentrada en 8 corredores primarios estratégicos, junto con el
programa Caminos del Tigre para la intervención de vías secundarias y
terciarias.

Reconstrucción de Conexiones en el Chocó: Plan
especial de conectividad para las vías Quibdó-Medellín, Quibdó-Pereira y la
evaluación del proyecto logístico Cupica-Caribe.

Recuperación Fluvial: Dragado permanente y
navegación comercial en el río Magdalena entre Barrancabermeja y los puertos de
Barranquilla y Cartagena.

Modernización Aeronáutica: Programa Colombia
vuela sostenible para la producción de combustibles de aviación de bajas
emisiones (SAF) y el desarrollo de centros de mantenimiento regional.

Seguridad Vial y Transporte Público:
Reforma integral al Código Nacional de Tránsito y creación de la Ruta Única
Nacional de Atención Integral a Víctimas de Siniestros Viales.

En el sector Minero-Energético, el Plan
reafirma que el petróleo, el gas y el carbón son palancas fundamentales para la
sostenibilidad fiscal. Fija como meta recuperar una producción de un millón de
barriles diarios de petróleo, garantiza la soberanía del gas natural
—impulsando yacimientos continentales, costa afuera y el desarrollo del gas
asociado al carbón—y habilita el aprovechamiento de Yacimientos No
Convencionales mediante técnicas de fracking bajo monitoreo ambiental en
zonas como Cesar-Ranchería y el Magdalena Medio.

Asimismo, promueve la exploración de
minerales estratégicos (cobre, oro, esmeraldas y tierras raras)y la
construcción de plantas de urea a partir del carbón nacional para abastecer el
mercado agrícola.

Reforma del Estado y reconstrucción
nacional tras el sismo de 2026

El sexto eje aborda la reorganización del
aparato público para transformarlo en un Estado con propósito. La estrategia de
reestructuración administrativa se sustenta en tres principios rectores:

Esencialidad: Justificación del
funcionamiento y presupuesto de cada entidad pública según sus resultados
directos, eliminando duplicidades administrativas y reduciendo el gasto
burocrático.

Ventanillas Únicas: Unificación de trámites
y servicios compartidos (nómina, compras públicas, tecnología y gestión
documental) para reducir costos operativos y agilizar la atención ciudadana.

Competencias Claras: Delimitación precisa
de funciones entre la Nación, los departamentos y los municipios bajo criterios
de eficiencia, concurrencia y subsidiariedad.

El séptimo y último eje atiende la contingencia
ocasionada por el terremoto registrado el 10 de agosto de 2026, con afectación
principal en el occidente colombiano. Para financiar y coordinar la atención de
la emergencia y la superación de sus secuelas, se crea el Fondo Milagro.

Las líneas operativas consignadas para la
reconstrucción contemplan:

Hábitat y Vivienda: Proyectos integrales de
reparación, reforzamiento estructural o reasentamiento de viviendas urbanas y
rurales.

Servicios Públicos y Equipamiento:
Restablecimiento prioritario de sistemas de acueducto, alcantarillado, redes de
energía, infraestructura educativa y centros de atención médica.

Recuperación Productiva y Empleo: Programas
de financiación y asistencia técnica para reactivar cultivos, sistemas de
riego, pequeños comercios y unidades pesqueras, complementados con esquemas de
empleo temporal en las obras de reconstrucción.

Resiliencia e Infraestructura Segura:
Actualización de los estudios de amenaza geológica en los planes de
ordenamiento territorial municipal para que toda nueva obra cumpla con
estándares estrictos de resistencia sísmica y mitigación del riesgo ambiental.

Rendición de Cuentas: Monitoreo público de
la ejecución financiera y física del Fondo Milagro con meta de culminación
trazada hacia el año 2030.

Claves del tema, en cuatro preguntas:

¿En qué consiste el Plan Nacional de
Desarrollo 2026-2030 del gobierno de Abelardo de la Espriella?

El Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030,
titulado “Colombia, la patria milagro”, establece la hoja de ruta del
cuatrienio estructurada en siete ejes estratégicos para impulsar un crecimiento
del PIB superior al 6%, la seguridad nacional, el capitalismo popular y la
reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de
2026.

¿Cuáles son los siete ejes estratégicos del
Plan Nacional de Desarrollo de Colombia?

El documento organizativo del Plan Nacional
de Desarrollo divide sus políticas e inversiones en el Milagro de las Regiones,
Talento e Innovación Educativa, Patriotismo Constitucional, Milagro Social,
Milagro Económico, la Transformación del Estado y la Reconstrucción por sismos
y resiliencia.

¿Qué medidas económicas e impositivas
plantea el Plan Nacional de Desarrollo?

El borrador del Plan crea el Régimen Único
para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el cual otorga estabilidad
jurídica y tributaria de 16 años a la inversión privada en sectores clave,
promoviendo además la recuperación de la producción petrolera, el regreso del
fracking y el desarrollo de Nuevas Empresas Cívicas.

¿Cómo aborda el nuevo Plan Nacional de
Desarrollo la seguridad y la lucha contra la corrupción?

El texto prioriza el Patriotismo
Constitucional mediante la recuperación del control territorial con las Fuerzas
Armadas, el combate directo a las economías ilícitas, la creación del Bloque de
Búsqueda contra la Extorsión y la Corrupción, y el uso de inteligencia
artificial en la contratación pública.