Virna Johnson Salcedo, exalcaldesa de Santa Marta ha sido sancionada con una inhabilidad de ocho años para ejercer cargos públicos, tras ser declarada responsable de presuntas irregularidades en la construcción de la cancha de fútbol en Gaira. El proyecto, cuyo costo ascendió a 4.900 millones de pesos, fue objeto de controversia desde su inicio, debido a los sobrecostos y las denuncias por mala administración de los recursos públicos.

El fallo fue emitido por el Ministerio Público, que determinó que la ex mandataria no logró desvirtuar las acusaciones en su contra. La sanción disciplinaria impuesta consiste en la destitución del cargo y una inhabilitación general para ejercer funciones públicas durante los próximos ocho años y dos meses. Esta decisión fue tomada luego de un exhaustivo análisis de los hechos, documentados en un informe de 120 páginas.

En el mismo fallo, también se inhabilitó por el mismo período al exgerente de Infraestructura, Jhonatan Nieto, quien en su momento estuvo a cargo de la supervisión de la obra. La Procuraduría General de la Nación consideró que ambos, Johnson y Nieto, asumieron la responsabilidad de las decisiones tomadas durante la ejecución del contrato 001 de 2020, suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta y la empresa B&P Construcciones para la edificación de la cancha en Gaira.

Le puede interesar:  Desempleo en Colombia crece más de dos puntos porcentuales y se ubica en 11,6 %

Según el informe de la Procuraduría, la investigación se centró en una serie de irregularidades que habrían afectado la correcta utilización de los fondos públicos destinados al proyecto. Entre las principales acusaciones se encuentran los sobrecostos en la ejecución de la obra y la falta de transparencia en el proceso de contratación, lo que generó serias dudas sobre la gestión de los recursos. La queja fue presentada inicialmente por el Representante a la Cámara Hernando Guida Ponce, quien denunció la presunta omisión por parte de Johnson, Nieto y la directora de contratación en ese entonces, Greysi Ávila.

La Procuraduría también investigó el proceso licitatorio relacionado con el contrato, el cual, según el fallo de primera instancia, violó el principio de transparencia y el deber de selección objetiva. En su resolución, el organismo consideró que los requisitos impuestos en el proceso licitatorio fueron excesivos y restrictivos, lo que limitó la participación de otros oferentes y afectó la competitividad del mismo.

Es importante señalar que esta resolución es de primera instancia, lo que significa que los sancionados aún tienen la posibilidad de presentar apelaciones para impugnar la decisión. En caso de que no se revierta, la inhabilitación de Virna Johnson y Jhonatan Nieto permanecerá en firme, lo que los dejaría fuera de cualquier cargo público durante el tiempo determinado.