El ente de control emitió un exhorto preventivo y pidió a la Mesa Directiva garantizar legalidad, transparencia y respeto a las decisiones judiciales vigentes.
La Procuraduría General de la Nación dirigió un fuerte exhorto preventivo a la Mesa Directiva de la Asamblea del Magdalena, en medio de las actuaciones relacionadas con la elección del contralor departamental para el periodo 2026–2029.
El documento, firmado por el procurador delegado Samuel Benjamín Arrieta Buelvas, advierte posibles irregularidades en el proceso, especialmente frente al cumplimiento de las órdenes impartidas por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Santa Marta y el fallo del Juzgado Doce Penal Municipal.
Pide acatar decisiones judiciales
El Ministerio Público reiteró que la Asamblea debe verificar “el alcance real y coherente de los fallos” para evitar decisiones administrativas basadas en interpretaciones parciales o incompletas.
El exhorto señala que cualquier actuación que no respete la legalidad podría generar riesgos de nulidad, controversias disciplinarias e incluso afectar la legitimidad del proceso de elección del contralor.
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Riesgos jurídicos y transparencia
La Procuraduría alertó que expedir actos administrativos basados en providencias sin efectos ejecutables podría derivar en cuestionamientos por ausencia de motivación, seguridad jurídica o validez.
El ente de control también insistió en que la Asamblea debe garantizar la transparencia, poniendo a disposición de los diputados y los organismos de control los documentos completos que fundamentan el proceso.
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Remisión al juez competente
El organismo anunció que enviará copia del exhorto al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito para efectos de coordinación institucional. Además, pidió a la Asamblea informar, a más tardar el 24 de noviembre de 2025, las acciones adoptadas para cumplir con las órdenes judiciales.
Finalmente, la Procuraduría recordó que la actuación preventiva no implica coadministración, sino evitar vulneraciones al orden jurídico y promover decisiones informadas en beneficio del interés público.