Mario Urán
es un nombre que a muchos colombianos no les dirá nada, pero desde este jueves
está en el centro de los cuestionamientos, luego de que el presidente le
prohibió a los interventores de las EPS tener reuniones, sostener encuentros o
mantener cualquier tipo de interlocución con él, a quien llamó el “siniestro”.

El mandatario advirtió que se acaban las mafias y la
corrupción en el sistema de salud, agregando que «Quien incumpla esta
instrucción será separado inmediatamente de sus funciones”.

A través de su cuenta oficial, el presidente insistió en que
mantendrá su vigilancia en el sistema de salud para que «no se siga
jugando con la salud y la vida de los colombianos. Los recursos son sagrados”.

QUIEN ES MARIO URÁN

El nombre de Mario Andrés Urán ha desfilado por los pasillos
de los últimos superintendentes de salud durante el gobierno Petro, desde Luis
Carlos Leal hasta el exalcalde Daniel Quintero.

Urán es médico cirujano de 54 años nacido en Medellín, pero
criado en la costa Caribe. Ha sido un lobista y ha estado vinculado a empresas
del sector de la salud, con varias denuncias en su contra.

En su momento, Leal señaló a Urán de ser el hombre detrás de
una red de corrupción que direccionaba contratos de EPS intervenidas, a través
de su cargo como asesor en la EPS Coosalud.

En ese momento, se dijo que Urán, al parecer, habría
accedido a información crítica para acceder a fondos de las empresas Coosalud,
Servicio occidental de Salud, Asmet Salud EPS y Emssanar EPS para desviarlos a
paraísos fiscales.

El nombre de Urán volvió a salir cuando Daniel Quintero
llegó a la Supersalud y lo denunció por su responsabilidad en un contrato
irregular de 180.000 millones de pesos para la empresa Papeles Aurora a través
de la EPS SOS.

Para lograr este desvío, se habrían creado “oficinas
paralelas de contratación”, en donde la auditoría forense encontró que el mismo
patrón se repitió con otras firmas como Efeso y Grief Services.

Además, se
detectó que recursos que solo deben usarse para atender pacientes, fueron
usados ilegalmente para garantizar créditos bancarios que terminaron
beneficiando a socios privados.

En su momento, el superintendente denunció que el sistema
pagó 1.4 billones de pesos por supuestos servicios prestados a más de 308.000
personas que ya habían fallecido.

/colprensa