El sistema penitenciario colombiano enfrenta una grave denuncia de violencia institucional. Andrea Valdés Contreras, interna de la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, denuncia haber sido víctima de abuso sexual por parte de un guardia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec durante su reclusión en la cárcel El Pedregal, en Medellín. Producto de esta agresión, quedó embarazada y actualmente enfrenta riesgos para su vida y la del bebé que espera.

Valdés, condenada por homicidio agravado, afirma que el abuso fue una represalia por negarse a colaborar con una red de tráfico de drogas dentro del penal. Según su testimonio, la presión inició con agresiones físicas por parte de otras reclusas, presuntamente instigadas por funcionarios del Inpec.

«Utilizaron a mis compañeras para marcarme la cara y cortarme el cabello como castigo por mis denuncias», relató. La violencia escaló cuando un guardia ingresó a su celda y la sometió a una agresión sexual. «Me desperté y vi a un dragoneante, robusto y alto. Pensé que venía a hacer una requisa, pero no. Me tomó del brazo, me lanzó al planchón y me tapó la boca para que no gritara. Me quitó el pantalón de la pijama y abusó de mí», narró con angustia.

El guardia la amenazó tras la agresión: «Siga llamando a esas fundaciones y verá que ahí sí la legalizamos», en referencia a asesinatos disfrazados de suicidios dentro del sistema carcelario.

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El 11 de octubre de 2024, Valdés descubrió que estaba embarazada, confirmando que su estado era consecuencia directa del abuso sufrido. Fue trasladada al Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez, donde se le diagnosticó una amenaza de aborto. Según su abogado, Felipe Alzate, en su organismo fueron halladas sustancias abortivas presuntamente suministradas sin su consentimiento, lo que sugiere un intento de eliminar pruebas del crimen.

El hospital recomendó su reubicación en una «celda abierta» para recibir atención médica adecuada, pero el Inpec ignoró la sugerencia. Finalmente, el 10 de enero de 2025, Valdés fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, donde permanece actualmente.

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que las condiciones de reclusión de Valdés constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. La falta de atención médica, la rotación de guardias para mantener un ciclo de abuso y la negativa a permitir contacto con organizaciones de derechos humanos evidencian un patrón sistemático de violencia institucional. También se menciona que las amenazas, el aislamiento y la privación de derechos configuran actos de tortura sexual y violencia de género.

El 6 de marzo, la oficina de abogados Alzate Hernández, que representa a Valdés, envió una carta a la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, solicitando medidas urgentes de protección para la reclusa. Hasta la fecha, no se ha recibido una respuesta concreta.

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El abogado Felipe Alzate criticó la pasividad del Ministerio de Justicia y del Inpec, señalando que mantener a Valdés bajo la custodia de la misma institución que presuntamente la agredió es un acto de revictimización. «No puede ser que la señora esté bajo órdenes de las mismas personas que la vulneraron, la agredieron y afectaron sus derechos fundamentales», enfatizó Alzate.

La denuncia de Andrea Valdés expone una problemática sistemática en las cárceles colombianas, donde la violencia sexual y la impunidad parecen ser parte del régimen penitenciario. La falta de respuesta de las autoridades deja en evidencia la necesidad de una intervención urgente para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.