Acordó con la Fiscalía pagar apenas 5 años y medio de cárcel y devolver algo más de 600 millones de pesos. En cuatro meses estará en libertad.

El exsubdirector Sneyder Pinilla ya devolvió los $618 millones de los que se apropió ilegalmente dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La información fue confirmada este miércoles durante la audiencia en la que un juez estudia la viabilidad del preacuerdo firmado entre el ex subdirector y la Fiscalía.

La información fue confirmada por el propio ente investigador, que presentó los comprobantes de las dos consignaciones que Pinilla realizó al banco agrario.

En ese contexto, y teniendo en cuenta la información que ha entregado para desenredar el escándalo, la Fiscalía le otorgó un beneficio adicional al preacuerdo al que habían llegado inicialmente.

Eso quiere decir que aunque inicialmente se pactó en la negociación que él debía cumplir una pena de 6 años, 6 meses y 9 días de prisión, su pena fue rebajada a 5 años, 8 meses y 1 día de prisión. Hecho que evaluará la juez durante la audiencia que precisamente se adelanta este miércoles.

Tanto Pinilla como el exdirector de esa entidad, Olmedo López, quien también firmó un preacuerdo, aceptaron su responsabilidad en la malversación de recursos públicos y se comprometieron a aportar información clave sobre los responsables y la estructura de la operación ilícita.

Los demás implicados también llegaron a acuerdos con la Fiscalía.

La investigación apunta a que dentro de la Ungrd se creó una «organización criminal», como lo denomina la Fiscalía, que se aprovechó de las declaratorias de desastre nacional y de calamidad pública emitidos por el Gobierno, para direccionar contratos a cambio de coimas.

Todo dirigido por López, quien para ese momento era el director, y Pinilla, su subdirector. La mayoría de esos convenios terminaron en manos de Luis Eduardo López, conocido como «El pastuso», quien dirige más de 30 empresas, de las cuales fueron utilizadas: Brands SAS, Impoamericana Rogers SAS, Proyectos RML y Kalmo S.A.S. Todos ellos ya imputados.

“La Fiscalía otorga un descuento del 45 % de la pena en consideración a la calidad y eficacia de la información brindada por el imputado, con el fin de continuar con el esclarecimiento de los hechos y lograr declaraciones de responsabilidad penal de otros actores en la investigación”, reza en el documento.

Otro de los puntos que se estableció es que Sneyder Pinilla queda vetado para volver a ejercer cualquier tipo de cargo que tenga relación con la función pública.

Dentro del preacuerdo alcanzado por Sneyder Pinilla, se incluyeron los comprobantes de pago que confirman que el total de los $618 millones fue devuelto por medio del Banco Agrario de Colombia.

Además, como parte del preacuerdo, el exfuncionario se comprometió a pedir disculpas públicas a los afectados por sus actos de corrupción y a garantizar no repetición de estos hechos.

En el caso también están implicados otros personajes, entre ellos Olmedo López, exdirector de la Ungrd; Pedro Andrés Rodríguez Melo; Luis Carlos Barreto Gantiva; César Augusto Manrique Soacha (quien en ese momento se desempeñaba como director del Departamento Administrativo de la Función Pública); y el contratista Luis Eduardo López, entre otros. Estos nombres salieron a la luz pública gracias a las pruebas recolectadas por la Fiscalía, que permitieron destapar el desfalco.

De acuerdo con la fiscal delegada al caso, “la organización delincuencial se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual, cada uno de sus integrantes desarrolló un rol específico e indispensable en el suceso”. Así mismo, reveló detalles de como fue la organización para hacer el desfalco presumiendo que la actividad pasaría desapercibida: “esta estrategia le permitió a la organización criminal asegurar que la empresa a la cual se adjudicaba la orden de proveeduría le perteneciera un empresario, quien a cambio de ello pagaría la coima pactada. Igualmente, le permitió controlar el precio del contrato, puesto que su valor se establecía del promedio de las tres cotizaciones enviadas por las empresas controladas por el contratista previamente elegido”.

LA INVESTIGACIÓN

En un comunicado, la Fiscalía explicó que Olmedo López y Sneyder Pinilla habrían direccionado seis órdenes de proveeduría para adjudicarlas a empresas vinculadas al contratista Luis Eduardo López Rosero.

Estas órdenes incluían no solo la adquisición de los carrotanques, sino también el suministro de materiales para atender emergencias en los departamentos de Nariño, Chocó y Cauca. Además, se identificaron contratos adicionales para la compra de 20 carrotanques por 27.000 millones de pesos y 20 camiones tipo bombero por 31.000 millones de pesos.

Otro de los hechos ilícitos señalados por la Fiscalía está relacionado con un contrato de alquiler de carrotanques por 24.000 millones de pesos, el cual habría sido suscrito con personas cercanas a Pinilla. Asimismo, se detectaron contratos amañados con empresas para cubrir otras actividades y servicios de entidades estatales, utilizando recursos desviados de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras .

El exasesor Pedro Andrés Rodríguez Melo también jugó un papel clave en el esquema de corrupción, según la Fiscalía. Rodríguez habría proporcionado información privilegiada al contratista López Rosero con tres meses de anticipación, facilitando así la adjudicación de los contratos.

Por su parte, Luis Carlos Barreto, además de estar implicado en el direccionamiento de contratos, habría gestionado la reducción de 100.000 millones de pesos de un convenio entre el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo y la ANT, lo que permitió redirigir esos recursos hacia actividades ilícitas.

Según informó la Fiscalía, “por disposición del juez cuarto penal especializado del circuito de Bogotá, las audiencias preparatorias de juicio se realizarán el 3 y 23 abril, y el 7 de mayo del año en curso”. Además, el ente acusador indicó que los acusados ya habían llegado a preacuerdos de colaboración con la justicia en julio de 2023, lo que podría derivar en beneficios penales a cambio de información sobre el caso.