De acuerdo al mapa de riesgo suministrado por el ente de orden nacional, se requieren acciones prioritarias, puesto que, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada ejercen control social y territorial en zonas rurales de Santa Marta y Ciénaga. Y en otras zonas de la región Caribe, operan estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia, el Eln y disidencias de las extintas Farc.
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre los riesgos electorales que enfrentan más de 600 municipios del país ante la expansión de grupos armados ilegales y economías criminales.
En la región Caribe, la violencia y el control territorial amenazan el libre ejercicio democrático de cara a los comicios de 2025 y 2026.
Según el informe, la región está conformada por 135 municipios, de los cuales 7 se encuentran en llamado a la acción urgente, 81 en acción prioritaria y 47 en observación permanente. En el territorio operan estructuras como el Ejército Gaitanista de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el Ejército de Liberación Nacional y facciones disidentes de las extintas Farc.
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El documento advierte que estas organizaciones buscan controlar zonas estratégicas para sus economías ilícitas, incidir en la vida comunitaria y cooptar procesos políticos locales, incluso mediante ‘voceros políticos’ o redes de influencia social que afectan la autonomía ciudadana. En territorios con dominio hegemónico, como los Montes de María y sectores de Sucre y Bolívar, el EGC ejerce control sobre la movilidad, la justicia informal y las actividades económicas.
En el Magdalena, la Defensoría del Pueblo destaca la influencia de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, grupo que mantiene presencia en áreas rurales de Santa Marta y Ciénaga, donde impone normas comunitarias, regula la movilidad e interviene en espacios de participación como las Juntas de Acción Comunal (JAC). Estas estructuras también han creado supuestas organizaciones sociales con fines de control político y económico, además de ejercer extorsiones a comerciantes y campesinos.
Restricción de la participación ciudadana
La entidad alertó que estos escenarios podrían restringir la participación ciudadana y el desarrollo de campañas electorales, especialmente de movimientos alternativos o liderazgos sociales que no se alineen con los intereses armados. Además, se identifican riesgos de infiltración de candidaturas, uso de recursos ilícitos en campañas, amenazas digitales y violencia focalizada contra sedes o simpatizantes de determinados movimientos.
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Finalmente, la Defensoría advirtió que, si persiste el actual contexto de inseguridad y cooptación institucional, se podría consolidar una captura de la democracia local, afectando la pluralidad política y debilitando la confianza ciudadana en las instituciones, especialmente en los municipios más apartados del Caribe colombiano.
