La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) se pronunció sobre el anuncio del viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio el Interior, Gabriel Rondón, quien aseguró que una comisión de verificación internacional llegará a Medellín para analizar las presuntas violaciones de Derechos Humanos, por parte de gestores de paz de la Alcaldía de Medellín. 

Asocapitales expresó su preocupación por la decisión anunciada y aseguró que la acción es improcedente, irregular y contraria al orden constitucional colombiano.

De acuerdo con la asociación, no es procedente que el presidente de la República someta a escrutinio internacional las actuaciones de una autoridad local que actúa dentro del marco de sus funciones legales.

Asocapitales explicó que esa intención desconoce la autonomía territorial consagrada en los artículos 1, 287 y 315 de la Constitución Política, así como los principios de descentralización y separación de poderes que estructuran el Estado colombiano.

En este pronunciamiento, Asocapitales indicó que “una veeduría o misión internacional de este tipo constituiría una intromisión indebida en los asuntos internos del Estado, prohibida expresamente por el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá de 1948. Estos instrumentos internacionales solo contemplan intervenciones externas en casos excepcionales de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, condiciones que no se configurarían en este caso”.

Asimismo, Asocapitales citó en la misiva que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha reconocido de manera reiterada que los Estados no solo tienen el derecho, sino también el deber de mantener el orden público, proteger la vida y los bienes de las personas y garantizar el ejercicio pacífico de los derechos, mediante el uso racional, proporcional y legal de la fuerza cuando sea necesario.

“Pretender internacionalizar un procedimiento institucional desnaturaliza estos principios y distorsiona el alcance del sistema interamericano de derechos humanos”, indicaron.

“Esta decisión no solo erosiona la institucionalidad democrática, sino que también debilita la legitimidad de las autoridades locales elegidas por voto popular”, aseguró Andrés Santamaría, director general de Asocapitales.

La Asociación reitera que el respeto por la autonomía territorial y la descentralización son pilares esenciales del sistema político colombiano. Las ciudades capitales deben poder ejercer sus funciones de gobierno y de policía dentro del marco de la ley, sin interferencias indebidas del poder central.