El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó de manera categórica las declaraciones, los ataques personales y los señalamientos hechos contra magistradas, magistrados y conjueces de la corporación, tras la decisión de la Sala Plena sobre las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

El organismo electoral resaltó que todas las actuaciones de la Corporación se desarrollaron dentro de un proceso ceñido estrictamente a la Constitución, la ley y los reglamentos internos.

El CNE enfatizó que las decisiones se adoptaron de manera colegiada, motivada y transparente, sin atender presiones políticas, mediáticas o particulares.

Quienes participaron en la deliberación y votación de las decisiones lo hicieron en ejercicio de una función pública constitucionalmente protegida, por lo que se hace indispensable salvaguardar este cuerpo colegiado de todo ataque que pretenda deslegitimar o desacreditar su labor.

En la mañana de este viernes el presidente, Gustavo Petro, reiteró sus críticos CNE por el fallo que sancionó a su campaña presidencial por violar los topes electorales.

«El CNE no puede ya darnos garantías electorales. Sanciona mi campaña para no dar personería jurídica al movimiento político más grande de Colombia», expresó al señalar que «hice una campaña transparente y decente, sin trampas. Ahora con trampas la oligarquía y las mafias buscan recuperar el poder».

El CNE, con votación 6-3, sancionó a la campaña electoral Petro Presidente 2022, por superar el tope de gastos en la primera y segunda vuelta, además de recibir aportes de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) y de la Unión Sindical Obrera (USO).

Los magistrados acogieron por mayoría la ponencia sancionatoria que le impuso una multa cercana a los 5.000 millones a Ricardo Roa, actual presidente de la estatal petrolera Ecopetrol y quien ejercía como gerente de la campaña Petro Presidente 2022, así como a Lucy Aydee Mogollón, tesorera de campaña, y a María Lucy Soto, auditora.

La campaña recibió aportes de Fecode y la USO, destinados al pago de testigos electorales.

El Consejo Nacional Electoral subrayó que todo acto administrativo proferido atiende los principios constitucionales y legales que rigen las actuaciones administrativas, valorando los medios probatorios y con una deliberación rigurosa.

El CNE garantizó la imparcialidad y lealtad con la administración pública, y recordó que los interesados contaron con los recursos contemplados en el ordenamiento jurídico colombiano para controvertir las decisiones adoptadas, en virtud del debido proceso y el derecho a la defensa que les asiste.

BOGOTÁ, (Colprensa).-