Los abogados del cofundador del grupo criminal solicitaron al Gobierno abrir diálogos exploratorios, suspender su extradición y nombrarlo Gestor de Paz, alegando su disposición a desmovilizar la estructura en Colombia.

A través de una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, conocido como ‘Larry Changa’, cofundador del Tren de Aragua, solicitaron formalmente la apertura de un proceso exploratorio de paz con esta organización criminal, que tiene presencia en Colombia y otros países de América.

“En el caso concreto, el señor Larry Amaury Álvarez Núñez, en su condición de fundador de la organización, manifiesta su voluntad expresa de abrir un camino hacia la desmovilización del Tren de Aragua en Colombia, lo que representaría un impacto positivo en la seguridad ciudadana, la justicia y el orden público interno”, se lee en el documento presentado por la defensa del hombre.

La solicitud se apoya en la Política de Paz Total impulsada por el Gobierno, la cual ha permitido acercamientos con diversos grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo. Los abogados recordaron que existen antecedentes en los que el Estado ha dialogado con estructuras criminales y paramilitares, mencionando los casos de Salvatore Mancuso y Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”, quienes participaron en procesos de desmovilización y justicia transicional.

Cabe resaltar que alias Larry Changa, de nacionalidad venezolana, fue capturado en el Quindío el 1 de julio de este año y tiene un pedido de extradición por parte de la justicia chilena por cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro. En Colombia, el cabecilla está acusado de usar testaferros para lavar dinero y adquirir bienes en el Eje Cafetero; la Fiscalía realizó la extinción de dominio de nueve de sus propiedades. El Tren de Aragua es una organización con presencia en varios países de América y lleva a cabo actividades de trata de personas, asesinatos por encargo, secuestros y lavado de activos, entre otros delitos.