Tras comprobarse que fue la senadora Isabel Zuleta quien solicitó el traslado de cabecillas  de bandas criminales con las que tiene ´amistad de vieja data´ al cuestionado evento de la Alpujarra en Medellín, la Sala de Instrucción Penal de la Corte Suprema de Justicia la investiga por el delito de concierto para delinquir, encubrimiento y abuso de función pública.

Una de las pruebas contundentes contra la congresista petrista es el certificado de la Consejería Comisionada de Paz y la Delegación de Paz Urbana del Gobierno Nacional, Medellín y el Valle de Aburrá que se pronunciaron ante los cuestionamientos de la ciudadanía sobre una aparente resolución del Inpec que, probaría que la senadora Isabel Zuleta fue la encargada de autorizar el traslado de los nueve cabecillas de estructuras criminales a la concentración del presidente Gustavo Petro en Medellín el pasado sábado 21 de junio,

A través de un comunicado conocido ayer sábado  las dos entidades aseguraron que, la senadora Isabel Zuleta López, fue designada como coordinadora del Gobierno nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá y esto la faculta para tomar este tipo de decisiones.

“La Coordinadora está facultada para realizar todos los actos necesarios y tendientes a entablar conversaciones sociojurídicas con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos que establece la Ley y construir paz en los territorios», indica el documento.

En el mismo texto reafirman que, se remitió la solicitud de autorización para el traslado de voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto actualmente privados de la libertad, al director del INPEC, como entidad responsable de la custodia y vigilancia quién, en efecto, autorizó y brindó todo el dispositivo de seguridad y custodia necesario para el mencionado traslado, todo dentro del conducto regular establecido por la ley.

Igualmente, soportan este traslado en la Resoluciones 139 del 29 de mayo de 2023 y 094 de 8 de abril de 2025, que busca que las personas privadas de la libertad que fueron trasladadas a la mencionada actividad, fueran reconocidas por el presidente Gustavo Petro como voceros de las Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y El Valle de Aburrá.