La incautación de 104 armas presuntamente destinadas a las ACSN merece reconocimiento. Casi 45 años después del hundimiento del Karina, el desafío sigue siendo llegar hasta quienes compran, financian y abastecen los arsenales ilegales.
Por: Víctor Rodríguez Fajardo
El 14 de noviembre de 1981, la Armada Nacional interceptó en el Pacífico colombiano el buque Karina, que transportaba armamento destinado al M-19. La embarcación terminó hundida tras un enfrentamiento. Tres ocupantes fueron rescatados; el arsenal no se recuperó.
La publicación institucional Entre ríos y selvas, de la Armada Nacional y la Universidad Santo Tomás, registra un cargamento de 500 fusiles FAL y 230.000 proyectiles calibre 7,62 milímetros. La interceptación estuvo a cargo del ARC Sebastián de Belalcázar, comandado por el entonces teniente de navío Eduardo Otero Erazo.
Germán Castro Caycedo reconstruyó la operación internacional en El Karina, publicado en 1985. Su investigación lo llevó hasta el comprador del buque en Hamburgo, un proveedor de municiones en Berlín y las conexiones del recorrido por Panamá, La Guajira, la Amazonía y el Pacífico colombiano.
Ese trabajo conserva una lección para el presente: detrás de quienes transportan las armas están quienes consiguen el dinero, negocian el cargamento y organizan su entrega. Allí debe llegar también la investigación de Poseidón.
Un golpe que merece reconocimiento
La Armada Nacional incautó 104 armas en aguas de la Alta Guajira, presuntamente destinadas a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Según el balance presidencial divulgado por La FM, la operación Poseidón contó con inteligencia de la Policía Nacional, coordinación de la Fiscalía y apoyo de la DEA.
El inventario reportado comprende 69 fusiles, 30 pistolas, tres lanzagranadas, dos ametralladoras, 96 proveedores y 15.542 cartuchos. También se informó del hallazgo de 6.960 dólares y 23.569 lempiras hondureñas, y de la captura de cinco personas.
El presidente Abelardo de la Espriella celebró el resultado y lo presentó como una incautación sin precedentes en los últimos 45 años en el Caribe colombiano. Ese alcance geográfico importa: el Karina terminó hundido en el Pacífico y su cargamento no fue recuperado. Son antecedentes distintos, tanto por el escenario como por el resultado material.
Impedir que ese arsenal llegue a una organización ilegal constituye un mérito de las instituciones participantes. Para Magdalena, Cesar y La Guajira, donde las autoridades sitúan la presencia de las ACSN, el resultado tiene una importancia directa.
El reconocimiento debe acompañarse de una exigencia: que la investigación avance hasta los proveedores, financiadores y responsables de recibir las armas.
La memoria de otros cargamentos
Entre el hundimiento del Karina y Poseidón existen registros de incautaciones marítimas, hallazgos bajo el agua y decomisos en tierra. Algunos superan las 104 armas, aunque corresponden a otros territorios y circunstancias. La siguiente relación ofrece contexto; no constituye un inventario exhaustivo ni permite establecer por sí sola un récord para el Caribe colombiano.
La diversidad de estos episodios muestra por qué las comparaciones requieren precisar dónde se actuó, qué se recuperó y bajo qué circunstancias. Su valor está también en recordar la persistencia de las rutas de abastecimiento.
Cerca de 29.000 integrantes, cuántas armas
La Fundación Ideas para la Paz publicó el 6 de agosto de 2026 el informe El costo de negociar mal: 29.000 integrantes de grupos armados entre disputas y gobernanzas criminales. Con base en datos de la Fuerza Pública, reportó 28.802 integrantes a julio de ese año, un incremento del 90 % frente a diciembre de 2022.
La cifra suma personas en armas, redes de apoyo e informantes. Por tanto, no equivale a 28.802 combatientes ni permite atribuirles igual número de armas. El dato dimensiona las estructuras; su arsenal requiere una estimación específica.
¿Cuántas armas poseen, de dónde proceden, quiénes las suministran y cómo se pagan? La respuesta permitiría evaluar cuánto afectan las incautaciones su capacidad de intimidación y combate, y dónde deben concentrarse los controles.
El caso del Otterloo ilustra la gravedad de permitir que un cargamento llegue a destino. En noviembre de 2001, ese buque transportó hasta Turbo unos 3.000 fusiles AK-47 y cinco millones de cartuchos que terminaron en poder de las AUC. La investigación de la OEA reconstruyó el desvío de una transferencia presentada como una venta para la Policía de Panamá.
Ese antecedente exige mirar también los documentos de compraventa, los intermediarios y los controles portuarios. Una carga puede ocultarse en una lancha o circular amparada por papeles que aparentan legalidad.
Hasta quienes pagan y reciben
Poseidón abre una investigación cuyo alcance debe superar a los cinco capturados. Corresponde establecer el origen del armamento, su trazabilidad, la financiación de la compra y el lugar previsto para la entrega. La atribución del cargamento a las ACSN deberá sustentarse con las pruebas que recauden las autoridades.
Para la Sierra Nevada y sus poblaciones, la medida del éxito será que las estructuras ilegales pierdan capacidad para rearmarse y ejercer control sobre el territorio. Eso exige continuidad en la vigilancia marítima, los controles fronterizos y portuarios, y las investigaciones financieras.
Castro Caycedo siguió las conexiones del Karina más allá del barco hundido. Casi 45 años después, esa mirada sigue siendo necesaria. Poseidón merece reconocimiento por las armas que impidió entregar. La tarea pendiente es llegar hasta quienes las pagan y desarticular la red capaz de enviar el próximo cargamento.
Referencias documentales
- Armada Nacional y Universidad Santo Tomás. Entre ríos y selvas, apartado sobre el Karina.
- Armada Nacional. Adiós al Renault 4 de los mares.
- Archivo del autor. El Karina, primera edición de 1985.
- La FM. Balance de la operación Poseidón y declaración presidencial, noviembre de 2026.
- Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz. Sentencia sobre el Bloque Calima, radicado 110016000253201300050, N. I. 2039; referencia a la operación San Juan del 25 de enero de 2003.
- El Espectador. Autoridades hallan fusiles bajo el mar en San Andrés, 25 de marzo de 2008.
- Policía Nacional. Incautación de 234 fusiles en Cali, 5 de marzo de 2010; incluye antecedentes de noviembre de 2009 y enero de 2010.
- Policía Nacional. Incautación de 74 fusiles en Cali, 13 de septiembre de 2010.
- Armada Nacional. Incautado arsenal de guerra en desarrollo de una operación multinacional, 7 de junio de 2025.
- Fundación Ideas para la Paz. El costo de negociar mal, 6 de agosto de 2026.
- OEA. Informe sobre el desvío de armas nicaragüenses a las AUC, caso Otterloo.