La Unidad para las Víctimas emitió una alerta ante la detección de nuevos casos de suplantación de identidad dirigidos a víctimas del conflicto armado en Santa Marta. Personas inescrupulosas están enviando mensajes falsos, haciéndose pasar por funcionarios de la entidad y utilizando imágenes oficiales para convocar a las víctimas a trámites inexistentes en el Centro Regional de Atención a Víctimas.

Hasta el momento se han reportado cinco casos, los cuales representan un riesgo para el proceso de reparación y atención a las víctimas, ya que pueden generar confusión, desinformación e incluso perjuicios en sus derechos. Por ello, la Dirección Territorial Magdalena hizo un llamado a la ciudadanía para extremar las medidas de verificación ante cualquier citación o comunicación que reciban supuestamente proveniente de la Unidad.

La directora territorial Magdalena, Audes Jiménez, enfatizó que “nuestra prioridad es garantizar que las víctimas reciban información clara, segura y verificada. Por eso reiteramos que toda comunicación oficial debe confirmarse a través de los canales institucionales, evitando caer en engaños que pueden afectar su proceso de reparación”. Además, recordó que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren la intervención de intermediarios o terceros.

Para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes, la entidad recomendó a las personas afectadas que ante cualquier duda o sospecha sobre la autenticidad de mensajes o citaciones, se comuniquen directamente con la Dirección Territorial Magdalena. Los canales habilitados son el teléfono 3135214725 y el correo electrónico [email protected], donde recibirán atención oportuna y verificación oficial.

La Unidad para las Víctimas también informó que trabaja de manera articulada con las autoridades locales y nacionales para identificar a los responsables de estas prácticas fraudulentas y evitar su continuidad. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad en general a mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de estafa o suplantación que pueda poner en riesgo el acceso a los derechos de las víctimas.

Finalmente, la entidad reiteró que la prevención del fraude es una responsabilidad colectiva fundamental para proteger el derecho de las personas afectadas por el conflicto armado a recibir una atención digna, transparente y segura, y que solo a través de la información verificada se puede garantizar un proceso de reparación efectivo.