El diagnóstico del acueducto estima un déficit de 616,7 litros por segundo para 2026. El Gobierno nacional llega con una nueva estrategia que incluye recuperar pérdidas y revisar las fuentes de abastecimiento, pero deberá explicar cómo financiará las intervenciones y qué ocurrirá con los $786.032 millones previstos para las desalinizadoras.

Por Víctor Rodríguez Fajardo

La visita del presidente Abelardo de la Espriella a Santa Marta, prevista para este viernes 30 de octubre, debe marcar el paso de los compromisos políticos a las decisiones técnicas, presupuestales y contractuales que permitan enfrentar el desabastecimiento de agua potable. Después de décadas de dificultades, la ciudad necesita conocer no solamente qué obras propone el Gobierno nacional, sino cuánto costarán, quién las ejecutará y cuándo empezarán a mejorar el servicio.

El anuncio tiene un antecedente inmediato. El 5 de octubre, la Presidencia informó que el mandatario regresaría en un plazo de diez días con una solución concreta e integral. Ese término se cumplió el 15 de octubre. La presentación llega, por tanto, quince días después de la fecha inicialmente comprometida.

Durante ese período cambió también la orientación pública de la estrategia. El Gobierno puso sobre la mesa la recuperación de pérdidas, una alianza regional por el agua y un proyecto de abastecimiento a futuro, mientras quedó abierta la discusión sobre la financiación inicialmente destinada a construir dos plantas desalinizadoras.

El alcance de ese cambio no puede medirse por la cantidad de anuncios. Debe contrastarse con el diagnóstico técnico del sistema y con los instrumentos presupuestales que ya existen.

Un déficit de 616,7 litros por segundo que exige respuestas

El Diagnóstico del Balance Hídrico del Sistema de Acueducto de Santa Marta, publicado por ESSMAR, estima para 2026 una diferencia de 616,7 litros por segundo entre la demanda y la capacidad de abastecimiento.

La cifra permite dimensionar el desafío: la ciudad necesita recuperar agua que hoy se pierde en el sistema, pero también resolver sus limitaciones de oferta para atender el consumo presente y futuro.

El mismo estudio trabaja con pérdidas totales estimadas alrededor del 62 % y plantea que cerca de 40 puntos porcentuales corresponderían a pérdidas técnicas. Estas últimas comprenden el agua que se escapa físicamente de tuberías, conexiones y otras instalaciones antes de llegar a los usuarios.

Sin embargo, las cifras disponibles no constituyen una medición definitiva. El gerente de ESSMAR, David Millán, reconoció en entrevista con Opinión Caribe que la empresa presenta dificultades para establecer con suficiente precisión la magnitud de las pérdidas.

La distinción importa. Una pérdida comercial, asociada por ejemplo a consumos no registrados o errores de facturación, no equivale a una fuga física. Corregir el registro puede mejorar los ingresos de la empresa, pero no demuestra por sí mismo que haya aumentado el agua disponible en los hogares.

Por eso, el primer compromiso verificable debería ser un balance actualizado que identifique cuánto caudal se produce, cuánto se pierde físicamente y en qué sectores pueden obtenerse las mayores recuperaciones.

Recuperar agua no sustituye automáticamente nuevas fuentes

El pasado 25 de octubre, Opinión Caribe reveló, a partir de una entrevista con Millán, que el Gobierno nacional planteaba reorientar inversiones hacia la renovación de redes, la disminución de pérdidas y algunas obras de alcantarillado.

El gerente estimó que estas intervenciones podrían permitir recuperar entre 280 y 300 litros por segundo, una cifra relevante frente al déficit calculado para 2026.

No obstante, se trata de una proyección que debe respaldarse con estudios, diseños y mediciones. Aun si se alcanzara el extremo superior de esa estimación y todo el caudal recuperado estuviera disponible para cerrar la brecha diagnosticada, quedarían aproximadamente 316,7 litros por segundo por resolver, antes de considerar variaciones de demanda y otros factores operativos.

La operación muestra por qué no basta con enfrentar la recuperación de pérdidas y la incorporación de nuevas fuentes como alternativas excluyentes.

El diagnóstico publicado por ESSMAR contempla ambas necesidades. Reducir fugas puede mejorar la eficiencia del sistema y aprovechar mejor el agua tratada, pero la expansión de la oferta sigue siendo un asunto central para el abastecimiento de la ciudad.

La presentación presidencial deberá precisar qué lugar ocuparán El Curval, los pozos existentes, las obras de conducción y las nuevas fuentes dentro de una estrategia integrada.

Los $786.032 millones de las desalinizadoras: el examen presupuestal

La financiación es el segundo asunto que requiere definiciones.

El Documento CONPES 4159, aprobado el 29 de septiembre de 2025, declaró de importancia estratégica el proyecto de estudios, diseños y construcción de dos plantas desalinizadoras para Santa Marta.

Para esa iniciativa se contemplaron $786.032,78 millones de aportes nacionales, con programación de vigencias futuras entre 2026 y 2030.

El diseño anunciado entonces incluía una planta en Pozos Colorados, con capacidad prevista de 600 litros por segundo, y otra en Taganga, de 23 litros por segundo.

Estos recursos representan una financiación programada para un proyecto específico. No debe confundirse la existencia del aval fiscal y de los instrumentos presupuestales con la disponibilidad inmediata de todo el dinero o con su desembolso efectivo.

Si la decisión nacional es reemplazar las desalinizadoras por otras intervenciones, el Gobierno debe identificar el procedimiento jurídico, fiscal y presupuestal que permita modificar la destinación original.

Esto implica responder cuánto del monto previsto conserva respaldo efectivo, qué obligaciones se han adquirido, qué trámites deben modificarse y cuáles serán los proyectos receptores.

El solo anuncio de una nueva estrategia no equivale a la modificación de un CONPES, a la reprogramación de vigencias futuras ni a la aprobación de proyectos sustitutivos.

El Curval y el costo de financiar las obras

La discusión debe abarcar también la forma en que se financiaría la infraestructura de abastecimiento.

Un análisis publicado por Opinión Caribe el 27 de octubre examinó una alternativa para reorientar recursos nacionales hacia el proyecto El Curval y reducir el costo financiero de su ejecución.

La propuesta, expuesta por José D. Pacheco Martínez, distingue aproximadamente $435.405 millones para obra e interventoría de $451.115 millones asociados a financiación dentro del esquema contractual analizado.

El planteamiento consiste en evaluar si una financiación directa con recursos nacionales permitiría evitar esos costos y destinar eventuales saldos a otras necesidades del sistema.

Sin embargo, esas cifras corresponden a un análisis y a un escenario propuesto, no a una decisión gubernamental adoptada ni a un ahorro efectivamente materializado. Su viabilidad depende de la situación contractual, los compromisos existentes y las autorizaciones presupuestales correspondientes.

La visita presidencial ofrece una oportunidad para despejar esa incertidumbre.

Santa Marta debe conocer si El Curval está incluido entre los proyectos que recibirán respaldo nacional, cuál sería su costo actualizado y cómo se articularía con las intervenciones de redes y distribución.

La decisión no puede limitarse a identificar una fuente de financiación: también debe establecer si las obras previstas son suficientes para garantizar que el agua producida llegue con continuidad a los sectores que hoy padecen restricciones.

Del anuncio a un cronograma que pueda vigilarse

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, anunció tres frentes de trabajo para Santa Marta: recuperación de pérdidas, alianza regional por el agua y Proyecto de Agua para el Futuro.

La formulación permite identificar líneas de acción, pero todavía requiere traducirse en proyectos individualizados, recursos disponibles, responsables y fechas.

La ciudad necesita conocer qué intervenciones podrán ejecutarse en el corto plazo y cuáles dependen de estudios, adquisición de predios, permisos ambientales o contratación.

También debe quedar claro qué responsabilidades corresponderán al Ministerio de Vivienda, al Distrito, a ESSMAR y a las demás entidades que participen.

Un anuncio verificable debería permitir responder, al menos, las siguientes preguntas:

– Obras: ¿qué proyectos concretos serán priorizados y qué problema resolverá cada uno?
– Financiación: ¿cuánto dinero está respaldado y cuál será la fuente presupuestal de cada intervención?
– Ejecución: ¿qué entidad contratará, supervisará y responderá por los resultados?
– Cronograma: ¿cuándo se realizarán los estudios pendientes, comenzarán las obras y entrarán en servicio?
– Resultados: ¿cuántos litros por segundo se espera recuperar o incorporar y qué sectores experimentarán mejoras medibles?

Estas respuestas permitirían pasar de los compromisos generales a un programa susceptible de seguimiento ciudadano, institucional y periodístico.

El resultado debe medirse en los hogares

Santa Marta necesita inversiones, pero también una forma transparente de comprobar su impacto.

El aumento del caudal disponible, la reducción real de fugas, las horas de continuidad del servicio y el número de hogares beneficiados son indicadores más útiles que una sucesión de anuncios sin fechas de cumplimiento.

La Presidencia, el Ministerio de Vivienda, la Alcaldía Distrital y ESSMAR tienen la oportunidad de presentar una ruta común que reconcilie el diagnóstico técnico con las posibilidades presupuestales.

La visita presidencial será importante si despeja las dudas que hoy rodean la nueva estrategia. Su verdadero alcance, sin embargo, solo podrá establecerse cuando las decisiones anunciadas se conviertan en instrumentos formales, obras contratadas y resultados verificables.

Santa Marta no necesita otra fecha para escuchar una solución. Necesita fechas para comprobar que comenzó a ejecutarse.