El reciente anuncio del documento CONPES 4159, aprobado por el gobierno nacional, promete financiar estudios y la construcción de dos plantas desalinizadoras en Santa Marta con una inversión inicial de 786,032.78 millones de pesos. Si bien el objetivo de garantizar agua potable para los samarios es loable, este enfoque plantea serios inconvenientes que podrían haber sido evitados de haber optado por una alternativa más benéfica y sostenible, como concluir el plan maestro de acueducto y alcantarillado, el cual, seguramente priorizará previamente nuevas plantas de tratamiento de agua.

Costos Prohibitivos y Riesgos Financieros

La inversión inicial, aunque significativa, subestima los costos a largo plazo. Estudios internacionales, como los publicados en *ScienceDirect* (2022), advierten que las plantas desalinizadoras pueden triplicar su presupuesto en 30 años debido a mantenimiento, reemplazo de equipos y depreciación, aspectos que el CONPES no detalla. Además, con vigencias futuras hasta 2030, cualquier recorte presupuestal o cambio político podría dejar el proyecto a medio camino, convirtiéndolo en otra promesa incumplida. ¿No habría sido más prudente destinar estos recursos a optimizar la infraestructura existente?

Dependencia Energética y Tarifas Inasequibles

Las plantas desalinizadoras son intensivas en energía. Según el sitio web Santa Barbara Channelkeeper* (2021), su operación puede aumentar el consumo energético en más del 50%, y en una ciudad como Santa Marta, dependiente en parte de fuentes no renovables, esto elevaría los costos operativos. Sin un plan claro para integrar energía solar —abundante en la región—, el gobierno podría trasladar estos gastos a los usuarios, haciendo que el agua desalinizada sea inalcanzable para los sectores más vulnerables. ¿No sería más viable invertir en eficiencia energética y tratamiento de agua residual que dependa menos de tarifas volátiles?

Desafíos de Sostenimiento

El mantenimiento de estas plantas, especialmente en un entorno costero con alta salinidad como Santa Marta, requerirá reemplazo frecuente de membranas y personal especializado, algo que podría superar la capacidad local. La continuidad del proyecto dependerá de administraciones estables, un lujo que la ciudad no siempre ha tenido. Nuevas plantas de tratamiento de agua, por otro lado, podrían aprovechar mejor los recursos hídricos existentes, reduciendo la necesidad de infraestructura compleja y costosa.

Impacto Ambiental: Una Amenaza Oculta

Quizás el mayor reparo sea el impacto ambiental. La extracción de agua marina y la disposición de salmuera podrían dañar los ecosistemas costeros de Santa Marta, un tesoro para su biodiversidad y turismo. Sin tomas subterráneas o planes de mitigación claros —ausentes en el CONPES—, la contaminación y la huella de carbono podrían agravar los efectos del cambio climático en una zona ya vulnerable. Plantas de tratamiento de agua residual, en cambio, podrían purificar fuentes locales, minimizando el daño ecológico y aprovechando recursos renovables.

Una Oportunidad Perdida

El CONPES 4159 parece más una solución de prestigio que una estrategia integral. Santa Marta enfrenta escasez de agua, pero también tiene ríos y acuíferos que, con plantas de tratamiento adecuadas, podrían abastecer a la ciudad de manera más económica y sostenible. Estas alternativas, respaldadas por organismos como la ONU (Goal 6: Water and Sanitation), reducirían la dependencia de tecnologías extranjeras y mitigarían riesgos ambientales y financieros. El gobierno perdió la oportunidad de priorizar una solución adaptada a las necesidades y recursos locales, optando por un proyecto que, aunque ambicioso, carga a la ciudad con incertidumbre.

Es hora de replantear esta decisión. Los samarios merecen agua, pero también un futuro sostenible que no hipoteque su economía ni su entorno. Que el CONPES sea un punto de partida, no un destino.