Esta semana, mientras la reforma tributaria seguía tambaleando en el Congreso (salvada solo porque el debate fue aplazado para el próximo martes) el presidente, Gustavo Petro, empezó a ambientar la idea de que su no aprobación podría tener efectos desastrosos para la economía del país.

La reforma, a la que el Gobierno le da el nombre de ley de financiamiento, busca recaudar $16,3 billones para cubrir la parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2026 que está desfinanciada. Sin embargo, la propuesta no ha tenido nunca buen ambiente en el Congreso.

Esta semana, la discusión de la reforma se levantó luego de que se rompió el quorum en las comisiones económicas de Senado y Cámara para discutirlo. Todo, sin embargo, fue una jugada del Gobierno para ganar tiempo pues, lo más probable es que, si se hubiera votado ese día, se habría hundido.

Petro, de inmediato, culpó al Congreso por lo que implicaría tener un presupuesto desfinanciado parcialmente para el próximo año.

“Lo único que han hecho las comisiones económicas del Congreso es hacer endeudar más al país, por el mecanismo del encarecimiento de la deuda, a través de la alta tasa de interés del Banco de la República. Es un juego insano para el futuro de Colombia “, indicó Gustavo Petro.

“El gobierno, como ven, no es el afectado, ni sería beneficiado por la actual ley de financiamiento. No hacemos esto por nosotros, sino por el futuro de Colombia”, añadió el mandatario.

Y renglón seguido planteó un argumento que perfectamente le podría servir para justificar la emergencia económica:

«Dada la estructura constitucional del gasto presupuestal, no se puede recortar el gasto por decenas de billones de pesos ni en la deuda, es decir impagarla, ni en el gasto social, luego solo se puede hacer el recorte en inversión, que no es más que las carreteras 4G y el metro de Bogotá», manifestó.

Es decir, sin la reforma tributaria el gobierno se quedaría sin herramientas ordinarias para enfrentar el alto endeudamiento del país y tendría que recurrir a medidas extraordinarias.

Y en otros trinos ha sido aún más claro. Varias veces ha mencionado la palabra emergencia en las últimas semanas.

“Mal la comisión tercera del senado que no entiende que es la hora de equilibrar las finanzas públicas y nos lleva a la emergencia, solo por no ponerle impuestos a los mega ricos que en este gobierno han duplicado su riqueza. Quienes hablan de derroche de gasto y recorte no entienden ni las necesidades sociales ni el estado social de derecho, por eso vamos hacia una emergencia”, manifestó.

La emergencia le permitiría al presidente tomar medidas excepcionales con las que no cuenta en condiciones normales e incluso, en ciertas condiciones, decretar impuestos. Se ha llegado a decir que, con base en estas atribuciones, el Gobierno expediría por decreto la reforma que no le aprobó el Congreso.

¿Es viable la emergencia?

El exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue una de las primeras personas en cuestionar la posible declaratoria de emergencia económica. El exfuncionario aseguró que el Gobierno es el primer culpable de la situación actual del país, y la Corte Constitucional no aprobará este mecanismo dado que se justifica en una emergencia “auto infringida”.

“Toda esta carreta para justificar una emergencia económica que usted generó. Difícil para la Corte Constitucional aprobar una emergencia económica auto infligida. Deje de victimizarse y Gobierne. Controle el derroche de burocracia y envíe señales claras para bajar las tasas y no lo contrario”, indicó el exministro Restrepo.

“Y ahora no le eche la culpa a la corte cuando se le caiga la emergencia que usted mismo generó. Porque usted es el causante de ella”, añadió el exfuncionario.

Restrepo alertó que la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno no cubre ni la tercera parte de la desfinanciación del presupuesto de 2026 que supera los 45 billones; además, también afectaría gravemente a la micro y pequeñas empresas con el incremento en los costos de energía y servicios públicos.

La próxima semana será clave para el trámite de la reforma tributaria, y el Gobierno deberá tomar decisiones con premura si quiere garantizar el financiamiento del presupuesto para el 2026.

/Colprensa