Una serie de correos electrónicos, conversaciones de chat y archivos digitales recuperados de dispositivos electrónicos incautados a las disidencias de las Farc dejarían al descubierto una presunta alianza entre el actual jefe del Comando de Personal del Ejército y un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia con los cabecillas del grupo armado ilegal para supuestamente crear empresas de seguridad privada y filtrar información confidencial sobre operativos militares sin que hasta el momento se conozca una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, a pesar de que el ente investigador tendría en su poder este material probatorio desde hace más de un año.

El escándalo surgió tras el análisis de los elementos decomisados el pasado 23 de julio de 2024 en el municipio de Anorí, Antioquia. En esa fecha, una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección fue detenida en un retén militar mientras transportaba a siete jefes de las disidencias del Estado Mayor Central.

Aunque los cabecillas, incluido alias Ramiro, portaban elementos que sugerían la comisión de delitos en flagrancia, la Fiscalía ordenó su liberación inmediata bajo el argumento de que fungían como gestores de paz y tenían suspendidas las órdenes de captura. Sin embargo, las autoridades lograron incautar computadores, celulares y memorias USB que quedaron en cadena de custodia y cuyo contenido fue revelado recientemente por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol.

La información hallada en los dispositivos expuso conversaciones directas sobre un plan para constituir una empresa de seguridad legal utilizando recursos y personal del grupo armado. En una carta fechada el 8 de febrero de 2024, un integrante del grupo ilegal le informó a sus superiores sobre una reunión sostenida en Bogotá con el general Juan Miguel Huertas.

El texto relató que el oficial generó confianza y propuso montar el negocio mitad y mitad, donde él se encargaría de conseguir los permisos necesarios y la organización pondría los hombres y las armas. Según el documento, el general explicó que era una buena inversión para asegurar el futuro de los combatientes en caso de que los procesos de paz con el Gobierno fallaran.

El plan detallado en las comunicaciones sugería iniciar con una compañía de máximo 20 hombres. El oficial presuntamente se comprometió a obtener primero los permisos para el porte de pistolas y posteriormente gestionar las autorizaciones para que el personal pudiera circular legalmente con fusiles. Esta estrategia buscaba legalizar a los hombres del grupo armado y garantizar su movilidad bajo una fachada corporativa amparada por la institucionalidad.

Los documentos también indicaron que el general Huertas habría ofrecido garantías de seguridad para los desplazamientos de los disidentes. En la correspondencia se afirmó que el oficial aseguró que su vínculo con el presidente de la República le permitía movilizarlos con la orden específica de que no fueran detenidos en ningún puesto de control.

Es importante resaltar que el general Huertas fue retirado del servicio en 2022 por el entonces comandante del Ejército, general Enrique Zapateiro, pero fue reintegrado al servicio activo por el gobierno del presidente, Gustavo Petro, y ubicado en un cargo clave encargado de ordenar los traslados dentro de la institución militar.

Además del alto oficial del Ejército, la investigación periodística señaló a Wilmer Mejía, un alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, como otro presunto colaborador de las disidencias. Testimonios de jefes guerrilleros, que confirmaron la veracidad de los archivos bajo anonimato, indicaron que gracias a la relación con estos funcionarios, los bloques que operan en Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar obtuvieron información clasificada y privilegiada. Estos datos permitieron a los grupos ilegales esquivar operativos militares y anticipar los movimientos de la Fuerza Pública en sus zonas de influencia.

El análisis de los archivos secretos de alias Calarcá también arrojó luz sobre conversaciones con alias Iván Mordisco, antiguo socio y actual enemigo de esta facción disidente. En los chats recuperados, Mordisco mencionó tener en su poder supuestas pruebas relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Durante estas conversaciones entre los cabecillas también salió a relucir el nombre de la actual vicepresidenta, Francia Márquez, aunque los detalles específicos de su mención se mantienen dentro del contexto de las disputas y revelaciones internas de la organización armada.

Otro hallazgo relevante en los computadores de alias Calarcá fue la presencia reiterada de un misterioso empresario de nacionalidad china. Según la información recolectada, este ciudadano extranjero visitó personalmente los campamentos de las disidencias ubicados en las regiones del Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar.

Las investigaciones apuntaron a que detrás de estas visitas existían negocios relacionados con la compra de armamento, el tráfico ilegal de oro y la inversión de capitales en empresas fachada creadas por las disidencias para lavar dinero producto de sus actividades ilícitas.

Según lo divulgado, la fiscal general Luz Adriana Camargo tendría conocimiento de la existencia de estas pruebas desde hace más de un año, pero hasta la fecha no se abrió un proceso de investigación formal que vincule a los funcionarios mencionados. Al ser consultados por el medio de comunicación, los implicados y la Casa de Nariño no entregaron respuestas concretas sobre los señalamientos, mientras que las fuentes dentro del grupo armado ratificaron la autenticidad de las comunicaciones y los nexos descritos.

BOGOTÁ, (Colprensa).-