El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá suspendió temporalmente el reparto de procesos y acciones constitucionales al Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. La decisión permite que la jueza Sandra Heredia dedique su agenda exclusivamente al juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

El acuerdo señala que la medida estará vigente hasta el 31 de julio. Durante ese tiempo, la jueza no podrá recibir nuevos casos, como procesos ordinarios del sistema penal oral acusatorio ni tutelas, y deberá concentrarse en el estudio detallado de las pruebas del juicio oral contra Uribe Vélez.

Según la solicitud elevada por la magistrada Heredia, las primeras jornadas de julio estuvieron destinadas a escuchar los alegatos finales de la defensa y las réplicas del Ministerio Público y de los abogados del expresidente. A partir del 7 de julio, el despacho se ha concentrado en el análisis conjunto de más de 90 pruebas practicadas, incluyendo testimonios, documentos y peritajes.

La jueza explicó que, debido a la proximidad de los términos de prescripción del proceso, se requiere celeridad y rigurosidad. También advirtió que “de continuar recibiendo procesos será imposible adelantarlos con la celeridad que también precisan”, por lo que la suspensión del reparto fue calificada como una medida urgente para evitar retrasos.

En su comunicación, Heredia anunció que espera dar a conocer el sentido del fallo a finales de julio. Posteriormente, el juzgado tendría un plazo no mayor a ocho días para emitir la sentencia completa, con el objetivo de remitir el expediente al superior funcional antes del vencimiento de los términos legales.

El Consejo Seccional justificó su decisión en la complejidad del proceso y en su alto impacto público, además de la necesidad de garantizar el derecho a una administración de justicia eficaz y oportuna. También ordenó al juzgado entregar informes semanales sobre el avance de las labores relacionadas con este caso.

El acuerdo fue expedido por el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, Héctor Enrique Peña Salgado, y será publicado en la página web de la Rama Judicial para su divulgación.

El expresidente Uribe y su defensa han cuestionado en múltiples ocasiones la imparcialidad de la jueza Heredia, al frente del Juzgado 44 Penal del Circuito en Bogotá. El abogado Jaime Granados presentó una recusación alegando que Heredia negó de plano importantes peticiones, como extensiones de plazo para analizar evidencia digital del testigo Juan Guillermo Monsalve y la nulidad de la acusación, lo que revelaría “una falta de imparcialidad exigida por la jurisprudencia”.

El Tribunal Superior de Bogotá, sin embargo, rechazó dichas recusaciones y tutelas, señalando que la defensa tuvo los recursos legales previstos y que la jueza actuó dentro del marco del debido proceso .

El caso contra el expresidente Uribe Vélez tiene origen en 2012, cuando él denunció al entonces congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos para vincularlo con grupos paramilitares. Sin embargo, en 2018 la Corte Suprema de Justicia archivó la denuncia contra Cepeda y abrió una investigación formal contra Uribe, al considerar que existían indicios de que él y su abogado Diego Cadena habrían presionado a ex paramilitares para cambiar sus declaraciones. La Corte lo llamó a indagatoria en 2019 por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

En agosto de 2020, tras renunciar a su curul en el Senado, el caso pasó del alto tribunal a la Fiscalía General de la Nación, que solicitó la preclusión del proceso en dos ocasiones. Ambas fueron negadas: primero por un juez de conocimiento en 2022 y luego, en 2023, por la jueza 41 penal de Bogotá, quien ordenó avanzar hacia el juicio oral.

La acusación formal fue presentada en mayo de 2024 por la Fiscalía, y desde entonces el proceso ha seguido su curso ante el Juzgado 44 Penal del Circuito, actualmente bajo responsabilidad de la jueza Heredia. Uribe ha negado en todo momento las acusaciones y ha cuestionado la legitimidad del proceso.

BOGOTÁ, (Colprensa).