Un equipo de la Unidad de Reacción Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari,  de la Contraloría General de la República llegó ayer a la sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, para realizar una diligencia de verificación sobre su gestión fiscal y tributaria.

El procedimiento busca evaluar las acciones de la entidad en la lucha contra la evasión de impuestos y verificar el estado de los sistemas de información utilizados para administrar las bases de datos de los contribuyentes, tanto personas naturales como jurídicas.

La Contraloría hará un análisis detallado para identificar posibles fallas en la plataforma de la Dian que puedan derivar en la exclusión de contribuyentes y, en consecuencia, facilitar la evasión fiscal. Estas omisiones podrían afectar el recaudo tributario y generar un impacto en los ingresos de la Nación.

Los funcionarios del ente de control verificarán la operatividad de las licencias de software y otros mecanismos tecnológicos implementados por la Dian para garantizar la correcta administración de la información tributaria.

Las actuaciones de la Policía Judicial de la Contraloría se realizarán en el marco de un plan de trabajo que se extenderá hasta el viernes 21 de marzo. Durante este periodo, se recopilará información y se evaluará el cumplimiento de las metas de fiscalización y recaudo de la entidad.

El seguimiento se enmarca en las acciones de control fiscal preventivo que adelanta la Contraloría, con el propósito de fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.

LA FISCALIZACIÓN

El contralor, Carlos Hernán Rodríguez, decidió hacerle un seguimiento permanente a la gestión de fiscalización y recaudo tributario de la Dian.

El seguimiento se adopta en un contexto de menor recaudo en 2024, que afectó los planes de gasto del Gobierno. La meta inicial de ingresos de $315,86 billones fue reducida a $287,4 billones, pero incluso con ese ajuste, solo se alcanzó el 85,4% de la nueva proyección, con un recaudo efectivo de $245,4 billones.

Para 2025, el Ejecutivo redujo su estimación de ingresos en $12 billones debido a la no aprobación de la ley de financiamiento.

Además, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal  estimó que el recaudo será inferior en $34 billones respecto al Plan Financiero del Gobierno, lo que representa un desafío para la financiación del gasto público.

El control fiscal incluirá la evaluación del desempeño de la Dian, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Política Fiscal, Confis.

Se analizarán las variables del ingreso y su impacto en el déficit fiscal mediante acceso a información, coordinación con el control interno y actuaciones especiales de fiscalización para el período enero-junio de 2025.

EL BAJO RECAUDO Y MALA GESTIÓN

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, ordenó iniciar un seguimiento permanente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El objetivo es vigilar la gestión de fiscalización y recaudo tributario de la entidad.

Esto se da, de acuerdo con la Contraloría, porque la meta inicial de ingresos fijada en $315,86 billones fue ajustada a $287,4 billones, lo que implicó una reducción de $28,4 billones. No obstante, esto solo se cumplió en un 85,4%, alcanzando un recaudo efectivo de $245,4 billones, que representó una disminución de 11 puntos porcentuales en comparación con 2023.

También recordó que, para el periodo 2025, el Gobierno Nacional debió reducir su estimación de ingresos en $12 billones, debido a la no aprobación de la Ley de Financiamiento. Asimismo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estimó que el recaudo tributario será inferior en $34 billones al Plan Financiero presentado por el Gobierno Nacional.

Este déficit, según el ente de control, compromete significativamente la financiación del gasto público y “refleja la necesidad urgente de medidas para fortalecer el sistema tributario”.

El monitoreo se realizará a través del acceso y análisis a la información, articulación con el control interno y actuaciones especiales de fiscalización que abarcará el período enero-junio de 2025, considerando la evolución de los ingresos tributarios, así como su correlación con el gasto público.

“La información recopilada permitirá la emisión de alertas tempranas sobre el recaudo tributario del país. Con este seguimiento, la Contraloría General busca dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan estratégico 2022-2026, para el fortalecimiento de la vigilancia y control efectivo de los recursos públicos y el cumplimiento del marco fiscal de mediano y largo plazo, en aras de preservar la estabilidad económica de la Nación”, sostuvo el ente de control. /Colprensa