La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla confirmó en su más reciente sentencia contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez que 105 predios rurales, entregados formalmente por las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para la reparación de las víctimas, no han podido ser ubicados físicamente debido a graves inconsistencias topográficas y administrativas, situación que obligó a las autoridades a ordenar el uso de tecnología y cartografía de la Fuerza Aérea Colombiana para intentar recuperar los bienes refundidos.

El fallo evidenció una problemática crítica en el proceso de reparación económica, pues aunque los paramilitares confesaron la entrega de las tierras, el Estado no logró asegurar su control real. La magistratura explicó que durante las diligencias de persecución de bienes «surgieron dificultades para identificar los demás bienes» que conforman el paquete de 105 propiedades destinadas al Fondo de Reparación de Víctimas.

Según detalló el documento, la ubicación de estas fincas se tornó imposible con los métodos tradicionales debido a las transformaciones del terreno y la imprecisión de las coordenadas antiguas. Ante este bloqueo, tanto los postulados de las autodefensas como los funcionarios judiciales plantearon una solución técnica de alto nivel.

La sentencia documentó que las partes involucradas «sugirieron una reunión presencial utilizando un mapa con mejor escala, por ejemplo, la cartografía que maneja la fuerza aérea», con el fin de superponer los datos entregados por los desmovilizados con imágenes aéreas militares de alta precisión que permitan redescubrir los linderos perdidos.

La decisión del Tribunal dejó al descubierto las falencias del sistema de administración de bienes incautados a la mafia y al paramilitarismo. El texto judicial señaló que la necesidad de recurrir a la Fuerza Aérea obedeció a que muchos de los predios, supuestamente bajo custodia estatal, se «perdieron en el entramado administrativo» o sufrieron alteraciones físicas que hoy impiden su reconocimiento a simple vista.

Para subsanar esta falencia, el Tribunal autorizó expresamente a Salvatore Mancuso para que, en su rol de Gestor de Paz y bajo la libertad a prueba concedida, lidere personalmente la búsqueda de estos activos. El fallo determinó que restringir la movilidad del excomandante impediría cumplir con la obligación de «buscar los bienes entregados y supuestamente perdidos».

El plan trazado por la justicia implicó que Mancuso y su equipo, apoyados por la tecnología militar, realicen recorridos en el terreno para señalar los puntos exactos donde operaron sus frentes y donde despojaron o adquirieron tierras. La Sala consideró que esta labor es indispensable para garantizar los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en departamentos como La Guajira, donde el despojo territorial fue una estrategia de guerra sistemática.

El Tribunal concluyó que sin la identificación plena de estos 105 predios, la reparación colectiva e individual ordenada en la sentencia quedaría desfinanciada, por lo que elevó a la categoría de mandato judicial la cooperación técnica para «encontrar los sitios» que el paso del tiempo y la burocracia borraron del mapa.

BOGOTÁ, (Colprensa).