La reciente operación aérea de las Fuerzas Militares contra un campamento de las disidencias de las Farc en zona rural del Guaviare abrió un profundo debate en el país, luego de que se confirmara que entre las 20 personas fallecidas se encontraban siete menores de edad reclutados por ese grupo armado al mando de alias Iván Mordisco.

El Instituto de Medicina Legal informó que, tras los estudios forenses realizados a los cuerpos, se estableció que las víctimas menores corresponden a cuatro niñas y tres niños. De acuerdo con el análisis preliminar, cinco de ellos ya fueron identificados: tenían 13, 15, 16 (dos casos) y 17 años.

Las revelaciones han encendido alertas dentro y fuera del país. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia expresó su “profunda preocupación” por el impacto de la operación sobre la niñez que permanece bajo control de grupos ilegales. El organismo recordó que estas estructuras armadas son responsables de exponer a los menores a riesgos extremos y de utilizarlos como escudos humanos.

En un pronunciamiento público, la ONU instó al Estado colombiano a adoptar medidas urgentes para reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes en zonas donde persiste la confrontación. El llamado incluye fortalecer las acciones de prevención del reclutamiento forzado y garantizar que las operaciones militares incorporen protocolos más estrictos para evitar tragedias como la registrada en el Guaviare.

“Urgimos al Estado a hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger a la niñez, en particular para prevenir su reclutamiento y uso por parte de grupos armados no estatales. Instamos a las fuerzas militares a que, en sus labores de inteligencia y durante el desarrollo de operaciones, adopten todas las precauciones necesarias para evitar la muerte de niños y niñas víctimas de reclutamiento ilegal”, señaló el organismo.

La operación, dirigida a neutralizar una estructura al mando de Iván Mordisco, ha reavivado la discusión sobre los desafíos que enfrenta Colombia en la protección de menores en zonas de conflicto y la necesidad de articular estrategias que permitan combatir a los grupos armados sin repetir episodios de dolor que involucran a la población más vulnerable del país.