El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, radicó su ponencia de fallo sobre la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional, que fue demandada por la senadora de oposición Paloma Valencia.

Una de las decisiones más importantes que tiene en sus manos la Corte Constitucional es determinar la constitucionalidad de esta ley, una de las iniciativas bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Blu Radio conoció que, en las últimas horas, el magistrado Ibáñez presidente de la Corte radicó su ponencia de fallo. Además, el debate se realizará el próximo martes al interior del alto tribunal.

Esta reforma, sin duda, ha marcado el pulso entre la Corte y el Gobierno. Incluso, le ha costado varias críticas y señalamientos al magistrado Ibáñez por las pruebas que ha solicitado durante el estudio de la ley.

Todo comenzó en agosto de 2024, cuando fue admitida la demanda interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, quien pidió tumbar la reforma argumentando que hubo vicios de trámite durante su paso por el Congreso.

Durante más de un año ocurrieron varios hechos, pero fue en junio de 2025 cuando la Corte tomó una decisión clave: devolver la reforma a la Cámara de Representantes al encontrar un vicio en su aprobación.

A partir de ese momento, el Gobierno, mediante decreto, convocó a sesiones extras para que la Cámara subsanara el error. La polémica surgió luego con las actas de esas sesiones, pues varios congresistas denunciaron irregularidades en su elaboración.

El despacho del magistrado Ibáñez tuvo que solicitar en varias ocasiones esas actas, e incluso dio un ultimátum a la Cámara, que pidió prórrogas para enviar la documentación necesaria y así continuar con el estudio del caso.

Carlos Camargo presentó un impedimento para no participar en el debate, argumentando un posible conflicto de interés. Sin embargo, el pasado 1 de octubre, la Sala Plena declaró infundado el impedimento, por lo que Camargo podrá participar en la discusión de la reforma.

Aún están pendientes dos recusaciones contra el magistrado Héctor Carvajal, ternado por el presidente Gustavo Petro y quien fue su abogado personal durante varios años.

La primera recusación fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien argumenta que Carvajal firmó contratos con Colpensiones, lo que le impediría participar en el estudio de la ley.

La segunda, radicada por la senadora Paloma Valencia, plantea argumentos similares y también busca que Carvajal sea apartado del debate.

Lo cierto es que ya hay ponencia de fallo, y el martes 14 de octubre la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirá para debatir el futuro de esta reforma.

Además, la senadora Paloma Valencia le pidió al magistrado Ibáñez que requiera a Colpensiones los conceptos jurídicos que el magistrado Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma cuando tenía un contrato con esa entidad.

Esta solicitud llega a la Corte pocos días después de que Valencia recusara al magistrado Carvajal, argumentando que esos documentos son fundamentales para sustentar su petición de apartarlo del debate.

Según la congresista, los contratos de prestación de servicios firmados entre Carvajal y Colpensiones en 2024 y 2025 incluyen informes de supervisión en los que se certifica que el hoy magistrado rindió los conceptos jurídicos cuestionados.

“De tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al magistrado Carvajal del proceso”, se lee en la solicitud enviada por Paloma Valencia.