En las profundidades de los resguardos indígenas del Cauca, a lo largo del río Baudó en el Chocó y en las selvas del Vaupés, se configuró una tragedia humanitaria que desafía la lógica de la supervivencia, pues decenas de niños, niñas y adolescentes han optado por quitarse la vida no como un acto de rendición ante la tristeza, sino como el último mecanismo desesperado de resistencia para evitar ser convertidos en máquinas de guerra por los grupos armados ilegales que cercaron sus territorios.

El más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encendió las alarmas al confirmar un aumento del 30 % en los intentos de suicidio de menores indígenas entre 2022 y 2023. Sin embargo, las cifras frías del Instituto Nacional de Salud (INS), que hablan de 308 casos en el último año, apenas rasguñan la superficie de una realidad que las autoridades tradicionales conocen de primera mano.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), fue enfático al señalar que el fenómeno desbordó cualquier antecedente histórico. Para el líder nasa, no se trata de hechos aislados, sino de una consecuencia directa del control territorial asfixiante.

“Lo que es novedoso es que las organizaciones en territorio aumentaron sus capacidades de observación frente a un incremento casi irracional del reclutamiento forzado; hay una asfixia alrededor de las familias, la comunidad y el entorno que facilita todos los ejercicios de reclutamiento y muchos de ellos lo resuelven de esta manera, con el suicidio, porque no encuentran salidas”, explicó Capaz a Colprensa.

La tesis que sostienen las organizaciones es que el suicidio se convirtió en una «fuga preventiva». Cuando el cerco se cierra y la inteligencia del grupo armado tiene identificado al menor, la presión psicológica quiebra su voluntad. Según el informe del CRIC entregado para esta investigación, la pérdida de identidad y la ruptura del tejido comunitario dejan al adolescente en un callejón sin salida: o se va al monte a matar, o muere en su casa.

CHOCÓ Y VAUPÉS: LA GEOGRAFÍA DEL DOLOR

Si bien el Cauca es un escenario crítico, la epidemia de suicidios inducidos por el conflicto se extendió como una mancha de aceite hacia el Pacífico y la Amazonía. Alejandro Ruiz Caicedo, profesor de la Universidad Nacional y consultor experto en niñez, advirtió que el departamento del Chocó presenta uno de los cuadros más dramáticos del país.

Ruiz detalló a esta agencia de noticias que, cruzando datos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y Médicos Sin Fronteras, se identificó un patrón macabro en las comunidades del Alto, Medio y Bajo Baudó.

“Principalmente esto ocurre en Chocó, ha sido uno de los departamentos más afectados; se reportó que en el año 2021 se registraron 30 suicidios de menores indígenas solo en esa zona”, señaló el académico, quien agregó que “la mayoría de los adolescentes y jóvenes que se suicidaron por huir del reclutamiento son de pueblos indígenas”.

La situación en la Amazonía es igualmente desoladora. Documentos de la Defensoría del Pueblo y reportes de campo en Guainía y Vaupés corroboraron que las tasas de mortalidad por suicidio en estas zonas triplican el promedio nacional. Mientras en el resto de Colombia la tasa es de 2 casos por cada 100.000 menores, en Putumayo asciende a 8.3, en Guainía a 8 y en Vaupés a 4.3. Estas cifras coinciden con las rutas de expansión de las disidencias que buscan control sobre el arco amazónico.

NIÑAS, LAS MÁS VULNERABLES

Este fenómeno tiene un impacto diferencial y atroz sobre las mujeres. La Corporación Comunidad de Juristas Akubadaura denunció que, para las niñas indígenas, el reclutamiento forzado es sinónimo de esclavitud sexual y servidumbre. Ante este destino, el suicidio emerge como un acto final de protección de su propia dignidad.

Nancy Millán, coordinadora de la Línea de Género de Akubadaura, documentó a través de los informes de la organización casos que ilustran el nivel de desesperanza. Uno de los más emblemáticos y dolorosos ocurrió en 2022, cuando una niña embera de tan solo 8 años se quitó la vida para evitar ser llevada por los actores armados.

“En Chocó y Guaviare, donde la violencia sexual convirtió a las niñas en víctimas constantes, el suicidio es la última forma de escape frente a un entorno que las mercantiliza como botín de guerra”, rezan los documentos de análisis de la organización, que advirtió que el vínculo entre reclutamiento y suicidio está «extinguiendo a estas comunidades de manera acelerada».

LA BUROCRACIA DE 8 A 5

Uno de los hallazgos más graves es la absoluta desconexión entre la urgencia humanitaria y la capacidad de respuesta del Estado colombiano. La Defensoría del Pueblo admitió en su comunicado 698 de julio de 2024 una realidad vergonzosa: en los departamentos donde los niños se están matando —Vaupés, Guaviare, Putumayo— no existe ni un solo psiquiatra especializado en pediatría.

La cifra nacional es irrisoria: para 2022, solo había 96 psiquiatras infantiles en todo el país, y ninguno en las zonas rojas. Esta ausencia de oferta institucional obliga a las comunidades a enfrentar solas crisis psiquiátricas complejas, derivadas de traumas de guerra.

Eduin Capaz, desde el CRIC, lanzó una crítica feroz a la inoperancia estatal. Relató cómo las rutas de atención diseñadas en los escritorios de Bogotá fracasan estruendosamente al chocar con la realidad del conflicto.

“Las respuestas fueron lentas, creemos que hay una estructura muy rígida, casi burocrática; los casos de reclutamiento o crisis se dan los fines de semana, en las noches, y es imposible que la institucionalidad responda porque ellos solo trabajan de 8 a 5”, denunció el líder indígena.

Capaz explicó que cuando un niño entra en crisis un sábado por la noche en una vereda lejana, no hay línea de atención, no hay psicólogo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ni funcionario de la Defensoría que llegue a tiempo. “Son las organizaciones sociales quienes están respondiendo”, sentenció.

LA RESISTENCIA ESPIRITUAL Y EL GRITO DE AUXILIO

Ante el abandono estatal y el asedio armado, los pueblos indígenas activaron sus propios mecanismos de defensa. No se trata de armas, sino de espíritu. El CRIC inició una «movilización hacia adentro», fortaleciendo la Guardia Indígena y los sistemas de salud propia para intentar detectar a tiempo las «desarmonías» que llevan a los jóvenes al suicidio.

“Si esta organización indígena no estuviera en esa dinámica, el fenómeno sería silencioso y los impactos serían mucho mayores”, aseguró Capaz. Los médicos tradicionales (Thewalas en el caso Nasa) trabajan a marchas forzadas para «blindar» espiritualmente a los menores, pero la capacidad comunitaria está al límite.

El informe de la CIDH y las voces de los líderes coinciden en una conclusión lapidaria: el suicidio infantil en estas zonas no se detendrá con charlas motivacionales ni con visitas esporádicas de funcionarios. Se requiere frenar la maquinaria de guerra que, hoy por hoy, le ha quitado a la niñez indígena el derecho más básico de todos: el deseo de vivir.

Mientras el país discute los avatares de la «Paz Total» en mesas de negociación lejanas, en el territorio la exigencia es inmediata. Como lo resumió el informe de Akubadaura y lo ratificaron las cifras de la Defensoría: la niñez indígena está creciendo sobreviviendo a la violencia, o eligiendo morir para no ser parte de ella.

BOGOTÁ, (Colprensa).