En la demanda, el accionante argumenta que durante el procedimiento se habrían vulnerado principios de transparencia, mérito y legalidad, afectando la legitimidad del proceso. Asimismo, pidió una medida cautelar de suspensión provisional sobre los actos administrativos en cuestión, advirtiendo un posible “perjuicio irremediable” si se permite avanzar con la designación.

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La magistrada Maribel Mendoza Jiménez, ponente del caso, ordenó correr traslado de la solicitud de medida cautelar tanto a la Asamblea Departamental como al Ministerio Público, entidades que deberán pronunciarse en los próximos cinco días.

Además, el despacho dispuso notificar a las partes involucradas incluida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y concedió un plazo de 30 días para responder la demanda, presentar excepciones o solicitar pruebas. La Asamblea deberá remitir el expediente completo en formato digital, bajo advertencia de sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento.

Con esta decisión, el Tribunal da inicio formal al estudio de un proceso que podría tener un impacto directo en la validez del nombramiento del Contralor del Magdalena, en medio de un ambiente político y jurídico marcado por la controversia en torno a la elección del alto funcionario de control departamental.