Se identificaron 11 hallazgos por más de 12 mil millones en varios departamentos, entre ellos Magdalena.

La Contraloría General de la República informó que no pudo realizar auditoría sobre $2,4 billones de pesos correspondientes a proyectos del Departamento de Prosperidad Social (DPS), debido a que la entidad no suministró la información requerida.

Solo fue posible revisar contratos por $58.000 millones de una muestra seleccionada, en los que se detectaron hallazgos por casi $13.000 millones.

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, explicó que la Contraloría seleccionó proyectos por $2,5 billones de pesos para la auditoría, pero únicamente logró revisar documentación correspondiente a $500.000 millones.

“De esa cifra, solo 58.000 millones fueron auditables y ahí encontramos hallazgos por cerca de 13.000 millones de pesos”, señaló.

Rodríguez explicó que el DPS informó que no encontró los documentos solicitados en sus archivos ni en los sistemas de información, lo cual impidió avanzar con la auditoría.

“Frente a los 2,4 billones de pesos restantes no tuvimos acceso a la información”, afirmó, y añadió que “esto no implica que los recursos se hayan perdido, pero sí representa un riesgo al no poder ejercer un control eficaz”.

La auditoría en cuestión corresponde al programa “Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la infraestructura social y hábitat para la paz total a nivel nacional”, y abarca vigencias entre 2020 y el primer semestre de 2024.

Según Prosperidad Social, los convenios auditados no fueron suscritos en el periodo del actual gobierno, sino entre los años 2011 y 2022.

En un comunicado, la entidad aclaró que ninguno de los 892 convenios incluidos en la muestra corresponde al periodo entre agosto de 2022 y junio de 2024.

Prosperidad Social agregó que fue el actual director de la entidad quien solicitó la auditoría a la Contraloría en abril de 2024, tras detectar más de 100 proyectos inconclusos en todo el país. Una vez notificada la auditoría, el DPS señaló que organizó un equipo para atender los requerimientos, pero se enfrentó a dificultades técnicas y documentales.

“La información se encontraba dispersa en múltiples plataformas, muchos expedientes no tenían soportes de pago, y hubo que hacer búsquedas manuales”, informó la entidad. También reconoció limitaciones tecnológicas y problemas para encontrar documentos legibles, especialmente en convenios previos al año 2020.

El contralor Rodríguez indicó que se emitió una alerta en febrero de 2025 y se prorrogó la auditoría hasta marzo. Sin embargo, la Contraloría publicó un informe con abstención de pronunciamiento, debido a las limitaciones para ejercer el control.

Rodríguez aclaró que no se está responsabilizando al actual director del DPS, pero reiteró que todas las entidades deben garantizar el acceso oportuno y adecuado a la información.

“Si no se tiene acceso, es obligación de la Contraloría ponerlo en conocimiento de las autoridades, porque pueden existir muchas razones por las cuales no se entrega esa información”, concluyó.

Prosperidad Social, por su parte, afirmó que ya informó a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría sobre la situación, con el fin de que se adelanten las investigaciones correspondientes.

HECHO SIN PRECEDENTES

Señalaron como “un hecho sin precedentes en la historia reciente del control Fiscal” que solicitaron al DPS los soportes de gastos por $2.5 billones, pero que solo entregaron información de $58.000 millones.

Esto significa que la entidad únicamente entregó a la Contraloría información completa de 25 lo que representa el 2,31% de la selección total.

“Prosperidad Social solo aportó los documentos que actualmente reposan en la entidad, y no fue posible obtener información requerida para su análisis, ya que, según manifestó el DPS, dicha documentación no se encontraba en sus archivos y expedientes contractuales; y únicamente pudieron entregar lo que efectivamente obraba en sus archivos”, señalaron.

En la muestra documental solicitada, aseguraron desde la Contraloría que se seleccionaron convenios celebrados desde el año 2011 en adelante, que estaban vigentes o se liquidaron entre las vigencias 2020 y el primer semestre del 2024.

Sin embargo, tras esta pérdida de documentos, el ente de control no concluye que los proyectos no se hayan terminado, o los recursos no auditados no se hayan invertido adecuadamente hasta tanto no se disponga de la información que permita realizar el ejercicio de control fiscal.

Pese a la falta de información la Contraloría identificó 11 hallazgos con incidencia fiscal por un valor de $12.682 millones en varios proyectos en Magdalena, Tolima y Córdoba, aunque esta cifra podría aumentar si no se tienen los documentos claros para soportar los movimientos financieros.

Dentro de las principales irregularidades de estos hallazgos se evidenciaron pagos por servicios no ejecutados, deficiencias en la supervisión contractual e incumplimiento de obligaciones sin sanción efectiva.

Tras este panorama, el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez anunció que pondrá estos hechos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, para que inicien las investigaciones que corresponda de acuerdo a sus competencias. /Colprensa