La norma establece que habrá sanciones
efectivas para los integrantes de los grupos criminales que se entreguen a la
justicia.

Luego de una larga jornada de trabajo, la
plenaria del Senado aprobó en último debate la Ley de Sometimiento, que
contiene los lineamientos dispuestos por el Gobierno Nacional para la
desarticulación de las estructuras criminales de alto impacto.

La norma contempla la plena desarticulación
de la denominada política de ‘paz total’, pero si establece algunos beneficios
para los integrantes de las organizaciones armadas que decidan entregarse a la
justicia.

El proyecto contempla un tratamiento penal
diferenciado que incluye reducción de las penas de hasta el 50% para los
miembros rasos de estas estructuras y de máximo el 30% para quienes hayan
tenido mando dentro de las mismas.

Los reclutadores de menores de edad no
obtendrán mayores beneficios con esta ley de sometiendo, ya que una eventual
rebaja de penas no podría ser superior al 10% y tendrían que pagar una condena
mínima de 10 años de cárcel.

De otro lado, contempla que los
testaferros, o llamados terceros, tendrán que pagar una pena mínima de 6 años, bajo
la condición de que entreguen todos los bienes ilegales que se encuentren en su
poder.

Se acaba la negociación del Estado con
grupos armados y se establece que no habrá ningún tipo de otorgamiento de
estatus político a estas organizaciones.

Además, se deja claro que bajo ninguna
circunstancia se podrá conceder la suspensión de las órdenes de captura o las
órdenes de extradición para los miembros de las organizaciones que estén en
proceso de desmovilización.

Con la prórroga de esta ley 418, que es la
de Orden Público, también se salvan algunos programas que tiene la Fiscalía
como el de protección de testigos y se le da continuidad al Fonsecom, que es el
fondo de seguridad del Ministerio del Interior.

Precisamente, uno de los artículos que se
cayó, es el que permitía la contratación reservada en dicho fondo para temas de
seguridad nacional.