La diligencia, programada para el 25 de noviembre de 2025, busca verificar el cumplimiento del fallo judicial que ordenó las intervenciones para mitigar el riesgo por erosión en la margen derecha del río Magdalena.
El Tribunal Administrativo del Magdalena anunció la fecha de la audiencia de verificación del cumplimiento del fallo de acción popular que ordenó las obras de protección contra la erosión en el municipio de Salamina. La sesión se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2025, a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Santa Marta.
La acción popular fue impulsada por Miguel ‘Mono’ Martínez Olano, quien actuó como demandante en representación de las comunidades de Salamina, El Piñón y Pivijay, zonas históricamente afectadas por el fenómeno erosivo del río Magdalena. Gracias a su gestión, se iniciaron las obras que, según los habitantes, “salvaron la vida y el territorio” de cientos de familias ribereñas.
Entidades citadas y avances de las obras
Durante el proceso de verificación, deberán comparecer los representantes legales de las entidades que integran el comité de cumplimiento, entre ellas: los municipios de Salamina y El Piñón, el Departamento del Magdalena, Cormagdalena, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio de Transporte, la Procuraduría Ambiental y Agraria del Magdalena, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo.
Según los informes presentados ante el Tribunal, el Instituto Nacional de Vías (Invías) reportó la ejecución de varios contratos de obra e interventoría desde 2022, con la construcción de cinco estructuras de protección de orilla y un dique de control de inundaciones. No obstante, una de las obras presenta un avance del 43 %, debido a limitaciones presupuestales que actualmente están siendo gestionadas.
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Por su parte, el Ministerio de Transporte informó que su papel ha consistido en brindar apoyo técnico y financiero a Cormagdalena para la obtención de recursos, mientras que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) aclaró que aún no se ha radicado en el Banco de Proyectos (BPIN) el plan de dragado y disposición de sedimentos, requisito necesario para emitir concepto técnico de viabilidad.
Compromisos institucionales
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público confirmó que ya adelantó los trámites presupuestales solicitados para financiar las obras, en tanto que la UNGRD aseguró que ha participado activamente en los comités técnicos de seguimiento, brindando acompañamiento en la gestión del riesgo y en la articulación de acciones preventivas con las autoridades territoriales.
El Tribunal, a cargo de la magistrada María Victoria Quiñones Triana, reiteró la obligatoriedad de la asistencia de todas las entidades convocadas y la posibilidad de conectarse de manera virtual, siempre que se garantice una adecuada conectividad. También recordó que los intervinientes deberán cumplir con los protocolos judiciales establecidos por la Rama Judicial en el Acuerdo PCSJA24-12185 de 2024.
Una causa que marcó a la región
El proceso judicial promovido por Miguel “Mono” Martínez Olano surgió tras años de deterioro progresivo de la margen derecha del río Magdalena, que amenazaba con destruir la vía que conecta a Salamina y El Piñón, además de poner en riesgo a centenares de viviendas. Su insistencia ante los tribunales permitió la intervención estatal y la puesta en marcha de proyectos que hoy protegen el territorio y devuelven la tranquilidad a las comunidades.
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La audiencia de noviembre será clave para determinar los avances reales en el cumplimiento del fallo y las acciones pendientes para garantizar la estabilidad definitiva de la ribera del río.