La Dirección Territorial Magdalena de la Unidad para las Víctimas entregó un balance positivo sobre las acciones de reparación económica realizadas en lo corrido del año. Según la entidad, entre enero y mayo de 2025 se han entregado 3.932 cartas de indemnización, con un valor acumulado de $32.418 millones.

Audes Jiménez, directora territorial, informó que “solo en mayo hemos realizado 900 giros por un total de $6.924 millones, la mayoría dirigidos a víctimas de desplazamiento forzado”.

Durante las jornadas de entrega, la Unidad también brindó orientación sobre la adecuada inversión de los recursos e hizo pedagogía institucional sobre la oferta del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). Este año, más de 10.160 víctimas han sido atendidas en el Magdalena por entidades como Prosperidad Social, el Sena, la JEP, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y Colpensiones, entre otras.

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Además de la reparación económica, la Unidad lidera un proyecto piloto de fortalecimiento a emprendimientos comunitarios. Uno de los casos destacados es Asoensan, una asociación de víctimas emprendedoras que administra una cafetería en el Centro Regional de Atención a Víctimas (CRAV), en el barrio María Eugenia de Santa Marta.

El proyecto contempla un arriendo mensual de $300.000, reinvertido en el mejoramiento del establecimiento. Asoensan también ha sido vinculada como proveedor de servicios logísticos y de alimentación en eventos financiados por la Unidad, generando ingresos colectivos para el sostenimiento del microproyecto.

Este modelo de economía comunitaria ha sido posible gracias al trabajo articulado entre la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Santa Marta, propietaria del inmueble donde opera el CRAV. No obstante, Jiménez hizo un llamado a otros actores económicos locales para respaldar la consolidación de estas iniciativas.

La Unidad reiteró su compromiso con una atención integral, oportuna y de calidad que contribuya al restablecimiento de los derechos de las víctimas y al fortalecimiento del tejido social en los territorios afectados por el conflicto.