La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Lizzi Johnson Salcedo, fue sancionada con 8 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos debido a presuntas irregularidades y sobrecostos en la construcción de la cancha de Gaira, un proyecto que costó 4.900 millones de pesos y que desde el inicio fue cuestionado.

El Ministerio Público declaró responsable disciplinariamente a la exmandataria “por encontrarse probado y no desvirtuado” el cargo de imputado e impuso la sanción disciplinaria consistente en “destitución e inhabilidad general para ejercer función pública en cualquier cargo durante 8 años y 2 meses”, se lee en la decisión.

A través de un documento de 120 páginas el  Ministerio Público detalla los presuntos sobrecostos e irregularidades en la ejecución de esta obra, en las cuales habrían incurrido la exmandataria y el gerente de infraestructura en aquella época, Jhonatan Nieto, quien también quedó inhabilitado por el mismo tiempo.

Según la Procuraduría, ambos asumirían la responsabilidad de las decisiones tomadas, dado que este proyecto presentara irregularidades que impactaran en la correcta utilización de los fondos públicos. El ente investigaba el contrato 001 del 15 de julio de 2020 suscrito entre la Alcaldía de Santa Marta y la empresa B&P Construcciones para levantar una cancha de fútbol de Gaira.

La queja ante la Procuraduría fue presentada por el Representante a la Cámara Hernando Guida Ponce por “presunta omisión” de la entonces alcaldesa Virna Johnson, el gerente de Infraestructura, Jonatan Nieto Gutiérrez, y la directora de contratación, Greysi Ávila.

El 17 de mayo de 2024, la Procuraduría ordenó el archivo de la investigación en contra de Greysi Ávila y formuló cargos contra Virna Johnson y Jonatan Nieto.

En el fallo de primera instancia, según la Procuraduría, “configuró una flagrante violación al principio de Transparencia y el deber de selección objetiva”, pues “se limitó la pluralidad de oferentes” debido a que “los requisitos exigidos y los adicionales, limitaron de forma restrictiva la participación de más oferentes dentro del proceso licitatorio”.

Es válido mencionar que, esta decisión todavía no es definitiva, siendo apenas en primera instancia, lo que quiere decir que los sancionados tienen la opción de interponer sus correspondientes apelaciones, mientras esperan respuesta del organismo en una segunda instancia.

OTRA INVESTIGACIÒN
De otro lado, en un comunicado oficial, la Procuraduría General de la Nación, anunció que inició investigación disciplinaria contra la exalcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo, por la comisión de presuntas irregularidades en varios contratos de renta de automotores para el transporte de funcionarios del Distrito.

Se trata de dos contratos para el arrendamiento de cuatro carros; uno para el traslado de la exmandataria y los restantes para el desplazamiento de personal durante la implementación de la plataforma del sistema de identificación de potenciales beneficiarios Sisbén IV en la capital del Magdalena.

Al parecer, las firmas contratadas no eran idóneas para la prestación del servicio, pues, presuntamente, se debía priorizar las empresas de servicios especiales ante otro medio de transporte.

El Ministerio Público requirió información sobre los estudios previos, la necesidad de contratación y los demás documentos de la etapa precontractual que justificaron la celebración de estos bilaterales.

Además, solicitó a la Alcaldía de Santa Marta las propuestas presentadas, los contratos, así como los informes de ejecución y actas de terminación y liquidación de los respectivos negocios bilaterales, entre otros documentos.

Esta información ha causado revuelo en la ciudad, teniendo en cuenta que, en los últimos días, la exalcaldesa Johnson Salcedo, ha salido a la calle a fustigar la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello, como en el caso del Centro de Salud de Gaira que lo dejó inconcluso.